El Senado de la República aprobó una reforma que obliga a los turistas extranjeros que arriben a puertos mexicanos a bordo de cruceros a pagar 42 dólares por concepto de derechos migratorios, eliminando así la exención vigente. La medida entrará en vigor en 2025 y busca homologar este cobro con el que ya realizan los visitantes que ingresan al país por vía aérea.

Del total recaudado, el 67% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para financiar proyectos de infraestructura, equipamiento y otros fines relacionados con empresas estatales bajo su administración. El 33% restante será canalizado a la Tesorería de la Federación como ingresos de uso general para el gasto público.

En destinos como Puerto Vallarta, que en 2023 recibió más de 543,000 cruceristas, la medida podría generar ingresos superiores a 22 millones de dólares anuales, equivalentes a más de 450 millones de pesos.

México es uno de los principales destinos para cruceros en el Caribe, una región que concentra más del 50% de la actividad global de esta industria. Puertos como Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Mazatlán y Cabo San Lucas, junto con Puerto Vallarta, destacan por su afluencia turística y serán clave para la aplicación de esta reforma.

Los legisladores justificaron el cambio como parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios migratorios. Sin embargo, la mayor parte de los recursos recaudados estará dirigida a proyectos vinculados con la Sedena, incluyendo construcción y mantenimiento de infraestructura.

La modificación también ajusta el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, estableciendo las bases para la distribución de los ingresos generados por este nuevo cobro.