San Pedro Tlaquepaque se sumó a la estrategia nacional “Sí al desarme, sí a la paz”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México para reducir la violencia mediante el canje voluntario y anónimo de armas de fuego, municiones y juguetes bélicos.

El módulo de canje permanecerá en la explanada de la Parroquia de la Nueva Santa María del 8 al 13 de septiembre, en horario de 10:00 a 15:00 horas. Las personas que entreguen armas recibirán incentivos económicos y, en el caso de juguetes bélicos, serán sustituidos por artículos lúdicos.

Durante el arranque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó que Tlaquepaque está entre los 20 municipios prioritarios del país para reforzar la seguridad con acciones preventivas. Señaló que los resultados son visibles, con 25% menos en la incidencia delictiva general, 8% en homicidios dolosos, 75% menos en robo de vehículos de carga y 38% en robo a negocios.

“Reducir la brecha de desigualdad, generar bienestar y oportunidades es la clave para reconstruir el tejido social y alejar a niñas, niños y jóvenes de la delincuencia”, afirmó la alcaldesa, quien reconoció la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Ejército, el Gobierno de Jalisco y autoridades municipales.

En el primer día de actividades se recibieron una arma larga, siete armas cortas, 57 cartuchos, 33 cargadores y 62 juguetes bélicos, con un monto de 55 mil 510 pesos entregados en incentivos.

Por su parte, Rocío Bárcena Molina, Subsecretaria de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, explicó que el programa busca atender las causas de la violencia e impedir que menores se conviertan en generadores de delitos.

En paralelo, se tomó protesta al Consejo de Paz y Justicia de San Pedro Tlaquepaque, un órgano integrado por representantes institucionales, empresariales, comunitarios, sociales, educativos y religiosos. Su función será diseñar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, promoción de la legalidad y construcción de paz positiva.

El consejo también evaluará el impacto de programas comunitarios y propondrá mecanismos de mediación y convivencia pacífica.