La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de decreto que busca ampliar los descuentos en el cobro del servicio de agua potable a más colonias del municipio cuando se registre agua turbia o la falta total del suministro.

Respaldada por legisladores de Morena, Hagamos, PT, Futuro y regidores municipales, Pérez Segura explicó que, si bien existe un decreto desde 2023 que permite al SIAPA aplicar descuentos por deficiencias en el servicio, este solo se aplica actualmente en dos colonias: Tlaquepaque Centro y Mirador del Tesoro, dejando fuera a zonas donde el problema es recurrente.

La propuesta plantea descuentos del 50 por ciento en las tarifas cuando el agua llegue sucia o de mala calidad, y del 100 por ciento en casos donde no haya suministro, incluyendo recargos y gastos de ejecución. El beneficio, detalló, se aplicaría durante todo el año sin que sea requisito estar al corriente en pagos, y se extendería a al menos 30 colonias más, como San Pedrito, El Morito, El Tapatío, Lomas del Tapatío, Jardines del Tapatío, Quintero, Jardines de San Martín, Salvador Portillo López y Álamo Oriente, entre otras.

Además, la alcaldesa denunció ante la Fiscalía General de la República al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, y a quienes resulten responsables por delitos ambientales, debido a descargas ilegales y afectaciones al suelo y subsuelo en al menos nueve puntos que afectan a colonias como El Mante, Fraccionamiento Revolución, Lomas de Santa María, Paseo del Lago, El Vergel, La Duraznera, Ojo de Agua, Jardines de Santa María, Los Olivos y Villa Fontana.

También informó sobre una denuncia ante la Fiscalía Estatal por negligencia y daños derivados de la falta de mantenimiento en cuerpos de agua y redes de desagüe, como la Presa Las Pintas, Canal Arroyo Seco, Periférico Sur, Tizapán, Fuente del Cosmo, Villa Fontana Sur, calle Benjamín Siordia y el Arroyo La Colorada.

Pérez Segura aseguró que el municipio presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones al artículo cuarto constitucional, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano, así como a los derechos de cuarta generación.

“Las evidencias son claras. No solo no se ha garantizado el acceso al agua, que es la función principal del SIAPA, sino que además hay actos ilegales y un trato negligente hacia nuestro municipio”, concluyó.