Puerto Vallarta, Jalisco.— La tarde del miércoles 14 de enero de 2026, luego de casi seis horas de bloqueo intermitente en la carretera federal 200, al sur de Puerto Vallarta, autoridades municipales lograron la reapertura de la vía tras entablar diálogo y alcanzar acuerdos con activistas, ambientalistas, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y habitantes de Mismaloya.

La manifestación se concentró en una curva cercana a Los Arcos de Mismaloya, donde los inconformes cerraron el paso vehicular para denunciar una presunta privatización de la playa y posibles afectaciones a esta zona natural. Con pancartas y consignas, exigieron la presencia de autoridades municipales.

Al sitio acudió el gerente de Gabinete de Territorio y Ciudad Sustentable del Ayuntamiento, el biólogo Vincent O’Halloran Lepe, quien aseguró que no existe ningún proyecto de desarrollo en la zona y que el único objetivo planteado es la conservación ambiental. Además, se comprometió a impulsar que se concrete el decreto oficial como Área Natural Protegida.

Fotografía: Gaceta UDG

Durante el encuentro se acordó turnar ese mismo día un pliego petitorio al presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, para que sea canalizado ante instancias estatales y federales competentes, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Las autoridades municipales reiteraron que no hay permisos autorizados para construir en la zona federal marítimo-terrestre y que el Ayuntamiento acompañará el proceso como enlace institucional.

Más tarde, en rueda de prensa, el funcionario municipal dio a conocer el documento dirigido al alcalde, regidores, sindicatura y diversas áreas del gobierno municipal, así como a SEMARNAT y autoridades federales. En el texto, fechado el miércoles 14 de enero de 2026, los manifestantes demandan atención a su protesta realizada frente a la Zona de Protección de Flora y Fauna Marina Los Arcos de Mismaloya.

El pliego petitorio expresa inconformidad por la presunta colocación de malla ciclónica y señalización por parte de una empresa privada en la zona federal, lo que —señalan— contraviene el artículo 27 constitucional. Entre las principales exigencias destacan un pronunciamiento oficial del alcalde, la solicitud de información sobre el estatus legal del área, apoyo para el decreto como área natural protegida, la no concesión del sitio, acceso público a la playa, respeto a los locatarios del mirador y la negativa a otorgar licencias de construcción o enmallado en la zona.

El documento fue respaldado por representantes de colectivos ciudadanos, asociaciones civiles, prestadores de servicios turísticos y activistas de Mismaloya.

Finalmente, Vincent O’Halloran subrayó que el municipio es respetuoso del derecho a la manifestación y de la competencia del gobierno federal, al tratarse de bienes nacionales, y aseguró que el Ayuntamiento dará seguimiento a la demanda ciudadana en defensa de Los Arcos de Mismaloya.