El Ayuntamiento de Tequila enfrenta una nueva sacudida institucional tras la vinculación a proceso del contralor municipal, Génesis Ramsés Set Mendoza, por el presunto delito de usurpación de funciones. La resolución fue emitida por la Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, al considerar que el funcionario habría asumido el cargo sin cumplir con uno de los requisitos legales fundamentales: contar con título universitario.

De acuerdo con lo determinado por la Segunda Sala Penal, esta omisión pone en entredicho la legalidad de su nombramiento y abre la posibilidad de que sea separado del cargo mientras avanza el proceso judicial. La situación genera incertidumbre dentro de la administración municipal, ya que la Contraloría es un área clave para la vigilancia del uso de recursos públicos y la supervisión administrativa.

A la par del proceso legal, trabajadores del Ayuntamiento han señalado al funcionario por presunto acoso laboral, así como por amenazas de despido para obligarlos a afiliarse a Morena. También lo acusan de ejercer presiones sobre empleados vinculados al Partido Acción Nacional, con el objetivo de influir en procesos internos rumbo a la elección del comité en 2025.

Estas denuncias apuntan a posibles intereses políticos relacionados con el exalcalde Diego “N”, lo que ha incrementado la tensión al interior del gobierno municipal. De confirmarse las acusaciones, el contralor podría enfrentar no solo consecuencias penales, sino también sanciones administrativas por presunto abuso de funciones, coacción e irregularidades en el ejercicio del cargo.

El caso ha encendido alertas sobre la validez de decisiones tomadas desde la Contraloría y profundiza el clima de inestabilidad en el Ayuntamiento, en medio de cuestionamientos sobre el manejo institucional y la influencia de intereses políticos en la administración pública local.