El Senado de la República aplazó la votación del dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abrir un periodo de consulta con especialistas, representantes del sector y autoridades. Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que el aplazamiento permitirá revisar y perfeccionar el articulado, sin que ello implique renunciar al principio de que el Estado recupere la rectoría en telecomunicaciones y se regulen los contenidos extranjeros con mensajes discriminatorios.

¿De qué trata la propuesta de ley?

La iniciativa pretende reemplazar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en vigor desde 2014, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de una reforma de simplificación administrativa. En su lugar, se crearía la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad con amplias atribuciones, aunque sin las competencias en materia de competencia económica que tenía el IFT.

El documento, de 311 páginas y 310 artículos, busca sentar las bases de la gobernanza digital para las próximas décadas, con miras a fortalecer el papel de México en la industria 4.0, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el ecosistema digital asociado al 5G. La propuesta, sin embargo, ha generado polémica por permitir que el Estado actúe como regulador y proveedor al mismo tiempo, y por incluir disposiciones ambiguas que podrían traducirse en censura o en violaciones al T-MEC.

“Es una cirugía mayor”: ATIM

En entrevista, Salomón Padilla, presidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), calificó la propuesta como una “cirugía mayor” al marco normativo y advirtió que va mucho más allá del polémico artículo sobre los spots del presidente Donald Trump, ya que modifica aspectos claves sobre competencia, operación, concesiones y supervisión.

“Nos preocupa profundamente que el Estado pueda prestar servicios sin apegarse a las reglas que rigen a los operadores privados. Eso rompe la equidad. Esta ley permitiría que cualquier ente federal comercialice servicios y además quede exento del cumplimiento normativo que sí se exige a los concesionarios”, explicó.

Padilla cuestionó la eliminación del IFT y el traspaso de sus funciones al Ejecutivo, señalando que se trata de un retroceso. “El IFT, con sus fallas, permitió una baja real en los precios, mayor cobertura y reglas claras. Era un organismo técnico, autónomo y eficiente. Ahora, todo se decidirá desde el centro del país, bajo criterios políticos y no técnicos”, advirtió.

Salomón Padilla – Presidente de ATIM

Preocupación por posibles censuras

Uno de los temas más sensibles es el artículo 109, que otorga facultades a la ATDT para ordenar la suspensión de plataformas digitales en caso de incumplimiento de la ley. Padilla alertó que la ambigüedad de la redacción abre la puerta a decisiones arbitrarias. “Una agencia no puede decidir por sí sola cuándo y cómo bajar una plataforma. Eso es muy peligroso y genera incertidumbre jurídica para todos los actores del sector”, dijo.

Impacto más allá del sector

El presidente de ATIM subrayó que esta reforma no solo afecta a las grandes compañías, sino también a los cientos de pequeños y medianos operadores que brindan servicios en comunidades rurales o marginadas. “Tenemos operaciones que conectan a fábricas, campos agrícolas, pequeñas ciudades. Esta ley puede frenar nuestra capacidad operativa y limitar el desarrollo de miles de comunidades”, afirmó.

Además, expresó preocupación por el futuro del personal técnico del IFT. “Son profesionales con décadas de experiencia, muchos vienen desde la antigua Secretaría de Comunicaciones. Hoy están en la incertidumbre. No se sabe si serán liquidados o integrados a la nueva agencia. Es una bofetada a su trabajo y conocimiento”, lamentó.

Llamado al diálogo real

Finalmente, Padilla celebró la decisión de posponer la discusión legislativa. “Nos da gusto que se escuche a la presidenta y a los actores del sector. Los legisladores no son técnicos, deben escuchar todas las voces, incluso las que no les agradan. Este es un tema que marcará el presente y el futuro del país. Si se hace mal, como ocurrió en el pasado con la telefonía móvil, el retroceso nos costará muy caro”, concluyó.

Fotografía: PRODU