El Instituto Nacional Electoral (INE) condenó ‘enérgicamente’ el asesinato de Alfredo Cabrera, candidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Cabrera fue ultimado el miércoles durante un evento proselitista cuando recibió dos disparos en la cabeza.

Declaraciones de las autoridades electorales

Carla Humphrey, consejera electoral del INE, expresó en conferencia de prensa que el organismo emite ‘una condena enérgica respecto de lo que pasó ayer, el asesinato del candidato en Coyuca de Benítez’. Además, calificó de ‘inadmisible la violencia, fuera o dentro del proceso electoral’.

La violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes. La consultora Integralia informó que las agresiones políticas han aumentado un 150.5% en comparación con las elecciones intermedias de 2021, sumando un total de 749 víctimas en el proceso actual, de las cuales 34 fueron asesinatos de aspirantes.

Solicitud previa de protección por parte del candidato

Ante la creciente inseguridad, el candidato en Coyuca presentó una solicitud de seguridad, requiriendo mayor protección de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Marina y seguridad privada, debido al reciente asesinato de su compañero aspirante, Aníbal Zúñiga.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, condenó rotundamente cualquier tipo de violencia durante el proceso electoral, mientras que la consejera Norma de la Cruz subrayó la importancia de la labor de las fuerzas de seguridad para permitir que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Por otro lado, el consejero Jaime Rivera hizo un llamado a las autoridades de gobierno para garantizar la seguridad pública.

Este hecho resalta la crítica situación de seguridad en el contexto de las más grandes elecciones en la historia de México, que se celebrarán el domingo 2 de junio, con más de 20 mil 700 cargos en disputa. De esta manera, el incremento en la violencia política y los asesinatos de aspirantes subraya la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a los candidatos y asegurar un proceso electoral libre de violencia, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.

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