En medio de una tensa sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se aprobaron medidas excepcionales para cubrir las 819 vacantes de supervisores y capacitadores electorales, quienes desempeñan funciones clave en la organización de las elecciones. La discusión estuvo marcada por enfrentamientos verbales entre consejeros, revelando las profundas divisiones internas que enfrenta el órgano electoral.

El consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, detalló que el déficit alcanza el 0.6% y 1.8% de los 48 mil supervisores y capacitadores requeridos, respectivamente.

Ante esta situación, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, restó importancia al problema, asegurando que no representa una crisis y que se puede corregir a tiempo.

Acusaciones de extorsión y heridas autoinfligidas

Sin embargo, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona atribuyó la problemática a la ‘visión autoritaria’ de la que ha sido objeto el INE, así como a las ‘heridas autoinfligidas y la extorsión’. Estas declaraciones desataron una acalorada discusión, con el consejero Jaime Rivera Velázquez calificándolas como un ‘disparate’ y acusando a Espadas Ancona de endilgar el delito de extorsión con ligereza.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan defendió los acuerdos del INE, argumentando que no son un capricho, sino el cumplimiento de la ley electoral.

Medidas excepcionales para cubrir vacantes

Ante la urgencia de cubrir las vacantes, el INE aprobó un conjunto de medidas excepcionales. En primera instancia, se contempla contratar a personas que ya se desempeñen como supervisores o capacitadores locales para que realicen funciones a nivel federal.

En caso de que esto no sea suficiente, se propone utilizar la lista de reserva de capacitadores y supervisores locales, o bien, que estos capacitadores locales apoyen en las actividades a nivel federal sin un proceso de contratación con el INE.

Como último recurso, se considerará la inclusión del personal del INE, incluyendo a los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Rama Administrativa y los honorarios de las Oficinas Centrales.

Estas medidas excepcionales buscan garantizar la adecuada operación de las casillas electorales y la correcta distribución de la documentación y materiales electorales, a pesar de las vacantes existentes. No obstante, las tensiones internas en el seno del INE amenazan con obstaculizar este proceso y socavar la confianza ciudadana en el órgano electoral.

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