La polémica en torno a Marianne Gonzaga se intensificó tras una entrevista televisiva en la que su expareja, José Said, la acusó de conductas violentas reiteradas, incluyendo amenazas con armas blancas y presuntos intentos de agresión física previos al caso por el que actualmente enfrenta un proceso legal. Acompañado por su padre, Said sostuvo que estos episodios no fueron aislados y que existiría un patrón de comportamiento que, a su juicio, pone en riesgo a personas cercanas, incluida la hija que ambos comparten.

Durante la entrevista, el denunciante aseguró que antes del ataque contra la modelo Valentina Gilabert, él mismo habría sido víctima de arranques de ira similares. Su padre afirmó haber presenciado episodios de descontrol emocional y daños materiales, reforzando la narrativa de una conducta violenta sostenida en el tiempo. Ambos señalaron que, en el pasado, Gonzaga habría evitado consecuencias legales por ser menor de edad.

Uno de los puntos más delicados del caso es la situación de Emma, la hija de la pareja. Según José Said, la menor se encontraba bajo su resguardo legal tras el encarcelamiento de la influencer, y existe una orden judicial que instruye la entrega de la niña a su familia paterna por motivos de seguridad. Los denunciantes afirmaron que Gonzaga habría intentado evadir el proceso, proporcionando direcciones que no corresponderían a su domicilio real.

Por su parte, Marianne Gonzaga ha rechazado públicamente estas acusaciones. En un video difundido en redes sociales, reconoció que cometió un delito en el pasado, aunque aseguró que nada justifica la violencia, y responsabilizó a una relación que calificó como tóxica y de dependencia emocional como detonante de su conducta. También negó tener restricciones legales para convivir con su hija y afirmó que es su expareja quien impide cualquier contacto.

El caso permanece abierto en el ámbito legal y mediático, con versiones encontradas y sin un posicionamiento definitivo de las autoridades sobre las nuevas acusaciones. Mientras tanto, la disputa por la custodia y los señalamientos de violencia continúan alimentando un debate público sobre responsabilidad legal, protección de menores y el impacto de la exposición mediática en procesos judiciales sensibles.

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