La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra el influencer guerrerense conocido como “Luis Mi Padre Hermoso”. La acusación responde a la extracción ilegal de tres polluelos de periquitos en el municipio de Pungarabato, dentro de la región de Tierra Caliente, Guerrero.

Captado en video: Momento que desató la polémica “Luis Mi Padre Hermoso”

El caso generó gran indignación en redes sociales y entre ambientalistas, ya que el influencer fue captado en video extrayendo a los pequeños periquitos directamente de su nido. La grabación, difundida masivamente en plataformas digitales, encendió las alarmas sobre la persistente problemática del tráfico ilegal de especies silvestres en el país.

Luis Mi Padre Hermoso, creador de contenido centrado en la vida rural de Guerrero, acumuló una gran audiencia. Sin embargo, en esta ocasión, su contenido despertó un fuerte rechazo por parte de defensores del medio ambiente y autoridades ambientales.

¿Por qué es ilegal la captura de periquitos?

De acuerdo con la Profepa, la extracción de periquitos y otras especies de la familia Psittacidae está prohibida bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. Normativa que protege a estos animales debido a su vulnerabilidad y riesgo de extinción. La captura y comercialización de estas aves representan una grave amenaza para la biodiversidad del país. Esta acción puede ocasionarle severos problemas al influencer Luis Mi Padre Hermoso.

Las consecuencias legales para quienes infringen esta normativa pueden ser severas. Según la legislación vigente, este tipo de delitos pueden castigarse con penas de entre 1 y 9 años de prisión. Las multas oscilan entre 300 y 3,000 días de salario mínimo.
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Impacto en la comunidad digital

El caso de Luis Mi Padre Hermoso reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en redes sociales y su influencia en las conductas de sus seguidores. Mientras algunos defienden su desconocimiento de la normativa, otros argumentan que figuras públicas deben ser más conscientes de la legalidad y las consecuencias de sus actos.

Este caso pone sobre la mesa la urgencia de reforzar la educación ambiental y la regulación de contenidos en plataformas digitales para evitar que se promuevan actividades dañinas para el medio ambiente.