La organización Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martinez A.C. alertó que el 73% de los tipos de violencia que viven las trabajadoras sexuales en México son ejercidos por parte de servidores públicos, ya sea de quienes se dedican a la impartición de justicia o del sector salud.

El informe titulado “Indicadores de violencia de género en el mundo laboral de las trabajadoras sexuales en México” elaborado por la ONG, reveló que las trabajadoras sexuales mexicanas enfrentan en mayor medida violencia física, psicológica y económica, mayormente provocada por funcionarios públicos.

El documento señaló que es urgente poner fin a la violencia laboral y a los tres problemas principales que enfrentan las trabajadoras sexuales: el control sanitario del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la pérdida de la patria potestad de sus hijos menores de 12 años y la prohibición del trabajo sexual.

Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera, destacó que las trabajadoras sexuales también son víctimas de violencia física, recibiendo golpes y malos tratos provocados por policías en operativos de detención, lesiones durante revisiones médicas o heridas infligidas por sus parejas o clientes.

Sufren amenazas

Además, sufren violencia psicológica, siendo objeto de maltrato verbal, descrédito y menosprecio tanto por personal del DIF como por autoridades policiales.

También son amenazadas con violación, humilladas en juzgados cívicos y comparadas de manera destructiva, lo que puede afectar su autoestima.

Las trabajadoras sexuales son amenazadas por servidores públicos con el fin de obtener favores sexuales bajo presión, impidiéndoles ejercer su labor o obligándolas a pagar “derechos de piso” de forma injusta.

La Brigada Callejera ha denunciado que en algunos estados se obliga a las trabajadoras sexuales a realizarse pruebas costosas en laboratorios privados pertenecientes a funcionarios públicos o sus familiares, en lugar de acceder a servicios de salud gratuitos en centros públicos.

El informe se basó en entrevistas realizadas a más de 45 trabajadoras sexuales migrantes internas y externas que han laborado en 14 estados de la república y en la Ciudad de México.

Estas entrevistas documentan las percepciones de las trabajadoras sobre las condiciones laborales que propician situaciones de violencia de género. Una de las trabajadoras entrevistadas relató:

“Había mucha violencia de las compañeras y de los clientes y me golpeaban todo el tiempo. A veces me decían: ‘Con esa nos desquitamos’. Cuando me hirieron en la calle, me confundieron con una que según había robado.

Ellos se bajaron del carro y me golpearon muy feo. Por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales, no hay apoyo de ninguna institución. Tuve que comprarme una prótesis.

Ya no soy la misma, mi cerebro quedó afectado y mi autoestima, baja. Tuve que aprender a vivir. ‘Me ha costado aprender a sobrevivir’”.

Ante esta situación alarmante, es urgente que las autoridades pongan atención y tomen medidas para proteger los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales en México, garantizando su acceso a servicios de salud seguros y gratuitos, así como medidas de prevención contra la violencia de género en su contra.

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