El hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el 5 de marzo de 2025, reveló uno de los mayores centros de reclutamiento y adiestramiento criminal atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Colectivos buscadores encontraron restos humanos calcinados, ropa, mochilas y estructuras de entrenamiento. La intervención inicial de la Guardia Nacional en septiembre de 2024 solo liberó a dos víctimas y detuvo a diez personas, sin localizar los restos ni objetos personales que meses después se descubrieron.

El Rancho operó bajo protección institucional, según la FGR, con la complicidad del entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, quien proporcionaba recursos públicos para resguardar el predio y recibir pagos del cártel.

Los reclutas, atraídos mediante falsas ofertas laborales en redes sociales, eran sometidos a violencia sistemática, adoctrinamiento, castigos físicos y aislamiento extremo. Sobrevivientes narraron que se les obligaba a excavar fosas, participar en la limpieza tras ejecuciones y, en ocasiones, consumir carne de origen desconocido, como mecanismo de control.

Acciones judiciales y la lucha de las familias

Tras el hallazgo, la FGR detuvo a más de una decena de implicados, incluyendo a José Gregorio “El Lastra” y Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez. En julio de 2025, diez personas fueron condenadas a 131 años de prisión, aunque la sentencia fue reducida en 10 años en apelación.

Sin embargo, muchas pertenencias de los desaparecidos permanecen bajo resguardo sin análisis genéticos, generando frustración en familias de Jalisco y otros estados.

Guillermina Camacho Serna, del colectivo Siguiendo tu Rostro con Amor, declaró: “Esa bolsa no es un simple objeto, es una esperanza”. Los colectivos denuncian filtraciones, evasión de implicados y restricciones a su labor de búsqueda, pero aseguran que no dejarán de exigir justicia y verdad.

También te puede interesar:

1. Identifican los restos de otros dos mineros secuestrados en Sinaloa