Se reveló que el gobierno de Adrián de la Garza invirtió la asombrosa cifra de 647 millones de pesos en la construcción de un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Monterrey. Sin embargo, según informes recientes, este sistema de vigilancia resultó ser poco más que una fachada costosa y defectuosa.

Movimiento Ciudadano (MC), a través de un comunicado, expuso que el C4 no funcionaba de manera efectiva, poniendo en entredicho el manejo de fondos públicos por parte del exalcalde.

Millones desviados y cámaras inoperantes: El escándalo del C4

Los detalles escalofriantes continúan emergiendo a medida que se profundiza en la investigación. Peritajes llevados a cabo por el gobierno municipal han descubierto desvíos de hasta 411 millones de pesos en un sistema de seguridad que incluía la instalación de 4 mil cámaras.

Para empeorar las cosas, se reveló que más de la mitad de estas cámaras, específicamente 2 mil 384, no funcionaban o ni siquiera existían. Este descubrimiento pone de manifiesto una alarmante falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la seguridad ciudadana.

Promesas vacías y engaños electorales: La continua ambición de De la Garza

A pesar de la revelación de estos hechos escandalosos, Adrián de la Garza continúa en su campaña electoral, haciendo promesas de construir dos sistemas similares denominados ‘Big Brothers’.

Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico, ha sido una de las voces más críticas en este escándalo. Meza ha denunciado que la mayoría de las cámaras instaladas por Monterrey no cumplían su función de proteger a los habitantes de Nuevo León. Según sus palabras, todo el proyecto del C4 fue una farsa destinada a desviar fondos millonarios y alimentar la corrupción.

Un patrón de corrupción tras Adrián de la Garza

Las irregularidades no se detienen en el desfalco económico. Se descubrió que las licitaciones para la construcción del C4 estaban plagadas de colusión y manipulación. Empresas supuestamente competidoras se encontraban trabajando en conjunto para presentar cotizaciones similares, lo que arroja serias dudas sobre la legitimidad del proceso de licitación.

Además, se reveló que los softwares adquiridos para el sistema de seguridad no estaban conectados correctamente a las cámaras y no cumplían con los estándares técnicos requeridos. Incluso se encontraron 140 tablets sin utilizar en las bodegas del municipio.

Finalmente, el escándalo del C4 en Monterrey no solo expone un flagrante abuso de poder y malversación de fondos, sino que también plantea interrogantes más amplias sobre la integridad y la ética en la política local.

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