La noche del viernes se confirmó la vinculación a proceso de José Ascensión “N”, actual presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, por presuntos vínculos con el crimen organizado y su implicación en el caso del Rancho Izaguirre, un predio señalado por autoridades como un centro de actividades delictivas ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia, que se prolongó por más de nueve horas, concluyó a las 23:40 horas con la decisión de una jueza federal de imponer prisión preventiva oficiosa al edil mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que lo relacionan directamente con delincuencia organizada y desaparición forzada, delitos que han encendido las alarmas en la región Valles de Jalisco.

José Ascensión “N”, conocido como "Chon", es un político de larga trayectoria y cirujano dentista de profesión. Gobernó Teuchitlán por primera vez entre 2012 y 2015 bajo las siglas del PRD, y regresó al poder en 2021 con Movimiento Ciudadano, partido al que representa actualmente. Sin embargo, su carrera política quedó empañada por las acusaciones que enfrenta hoy.

El detonante fue su detención el pasado sábado 3 de mayo, por parte de agentes de la FGR, en el marco de una investigación federal sobre actividades delictivas en la zona. La investigación dio un giro clave al implicarlo directamente con el Rancho Izaguirre, un predio donde presuntamente se realizaban reclutamientos forzados y entrenamientos para integrantes del CJNG.

Según la FGR, el Rancho Izaguirre no es un lugar cualquiera. Las autoridades lo han identificado como un enclave estratégico utilizado por el CJNG para operaciones ilegales, incluidos entrenamientos paramilitares y desapariciones forzadas. El hallazgo de restos humanos en dicho lugar elevó el nivel de gravedad del caso y derivó en nuevas líneas de investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios y pruebas documentales que, a su juicio, conectan directamente al alcalde con las actividades delictivas que se realizaban en el rancho. La defensa intentó argumentar que los señalamientos carecían de fundamento, pero la jueza consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público eran suficientes y concretos para mantener al funcionario bajo custodia.

Con la vinculación a proceso ya dictada, las autoridades tienen un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria. Este período será clave para consolidar pruebas, reunir más testimonios y preparar un posible juicio formal.

Mientras tanto, el alcalde permanecerá en prisión preventiva oficiosa, medida que ha sido justificada por el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la justicia, dado el cargo que aún ostenta en la administración pública.

El impacto del caso trascendió Teuchitlán y generó reacciones a nivel estatal y nacional. Organizaciones civiles han exigido transparencia y rigor en la investigación, mientras que sectores políticos se muestran cautelosos ante un posible golpe a la credibilidad institucional.

El hecho de que un funcionario en funciones sea vinculado a delitos de esta magnitud abre un debate sobre los mecanismos de control y vigilancia que deben aplicarse a quienes ejercen el poder en los municipios, especialmente en regiones con presencia activa del crimen organizado.

La situación legal de José Ascensión “N” se definirá en los próximos meses, conforme avancen las investigaciones. Por ahora, el municipio de Teuchitlán enfrenta una incertidumbre política, ya que no se ha anunciado si habrá un nombramiento temporal para suplir al edil mientras permanece detenido.

La Fiscalía se mantiene firme en su postura y declaró que continuará con las indagatorias relacionadas con el Rancho Izaguirre, que podría convertirse en una pieza clave dentro de una red más amplia de operaciones criminales en el occidente del país.

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