La Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Luisa María Alcalde, lanzó una advertencia ante la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva de oficio en el país. Según Alcalde, esta medida podría resultar en la liberación de hasta 68 mil delincuentes que actualmente se encuentran bajo esta condición.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde expresó su preocupación por la posible decisión de la Corte, señalando que esta entidad estaría extralimitando sus funciones al intentar convertirse en el «poder de los poderes». Además, destacó que la liberación masiva de presuntos criminales tendría un impacto significativo en la seguridad y la paz en México.

«Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, siete mil 150 acusados de secuestro, cinco mil 617 de violación, cuatro mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada», detalló la titular de Segob.

La discusión sobre la invalidación de la prisión preventiva oficiosa, incluida en el Artículo 19 de la Constitución, se llevará a cabo en la Corte, donde se ordenaría a los juzgadores federales no aplicar esta medida. Al respecto, Alcalde Luján enfatizó que la decisión se basa en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en enero de 2023.

La secretaria de Gobernación manifestó su desacuerdo con la decisión de la Corte y recordó que ningún organismo extranjero puede imponer cambios en la Constitución mexicana. Asimismo, instó a los ministros de la Suprema Corte a velar por la defensa de la Carta Magna y a considerar las implicaciones que la eliminación de la prisión preventiva de oficio podría tener en la sociedad mexicana.

Ante esta situación, la Segob envió una carta a todas las ministras y ministros de la Corte para expresar sus preocupaciones y solicitar una revisión a fondo de la posible eliminación de la prisión preventiva de oficio. La decisión final recae en la Corte, pero la advertencia de la Segob resuena fuertemente en medio de un clima de inseguridad y violencia en el país.