A poco más de una semana de que entró en vigor la obligación de registrar todas las líneas móviles activas en México, han comenzado a surgir en redes sociales anuncios que ofrecen tarjetas SIM presuntamente ya inscritas en el padrón nacional de telefonía móvil. Este requisito es obligatorio desde el 9 de enero de 2026.

¿Qué implica la venta de tarjetas SIM ya registradas?

A través de grupos de compraventa en plataformas como Facebook, diversos usuarios han denunciado anuncios donde se comercializan tarjetas SIM presuntamente ya inscritas en el padrón nacional. Los vendedores aseguran que los chips cuentan con la verificación facial y la vinculación legal necesaria para operar de inmediato, permitiendo al comprador mantener el anonimato y evitar el trámite personal exigido por la normativa vigente.

El costo de estas unidades alcanza los mil 500 pesos, un precio considerablemente elevado que refleja la demanda de aquellos que buscan evadir el registro. La mayor preocupación de los expertos en ciberseguridad radica en el origen de los datos: no se ha determinado si los vendedores utilizan sus propios datos de forma masiva o si están empleando información robada de terceros para dar de alta estas líneas, lo que constituiría un delito de usurpación de identidad a gran escala.

Riesgos legales y de seguridad

El uso de estas tarjetas SIM «ya registradas» conlleva peligros significativos tanto para el comprador como para la persona cuyos datos fueron utilizados. Para el usuario, poseer una línea registrada a nombre de un desconocido lo expone a perder el número en cualquier momento o a verse involucrado en investigaciones judiciales si esa identidad está vinculada a actividades ilícitas.

Por otro lado, este mercado negro facilita la comisión de delitos como la extorsión y el fraude, objetivos que precisamente la ley buscaba combatir. La rapidez con la que ha surgido este comercio informal evidencia los retos técnicos y de supervisión que enfrenta la implementación del registro obligatorio en un país con una vasta economía informal.

La postura del Gobierno Federal

Ante la creciente inquietud y las críticas sobre la privacidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en defensa de la medida, aclarando que el objetivo no es la vigilancia estatal. La mandataria enfatizó que la información recopilada no constituye un padrón gubernamental centralizado, sino que las bases de datos biométricos permanecen bajo el estricto resguardo de las empresas de telecomunicaciones.

Según la aclaración presidencial, las autoridades solo tendrán acceso a dicha información en casos específicos de investigación criminal y bajo protocolos legales.

Sheinbaum subrayó que el registro es una herramienta de seguridad pública diseñada para proteger a la ciudadanía, aunque la aparición de estos chips fraudulentos pone a prueba los mecanismos de control del Estado y de las propias operadoras.