El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha tomado la decisión de presentar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos transitorios de la reforma judicial.
Esto implica que el ministro no competirá por ser electo por votación popular el próximo año. La renuncia de Gutiérrez será efectiva a partir del 31 de agosto del 2025 y viene acompañada de una importante advertencia.
Su renuncia no implica una aceptación a la reforma judicial
El ministro ha dejado en claro que su determinación no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma judicial. De hecho, la reforma será analizada y votada por el Pleno de la SCJN a partir del próximo lunes.
Es fundamental destacar que el proceso de revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial por parte del Pleno de la Suprema Corte aún está pendiente. Por lo tanto, aún falta el «juicio final» sobre esta reforma tan importante para el sistema judicial del país.
Gutiérrez ha enfatizado que su renuncia no implica un respaldo automático a la constitucionalidad de la reforma. El ministro actúa de acuerdo con la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente.
Además, se ha mencionado que la vigencia y aplicación de la reforma judicial es todavía «provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final». Por lo tanto, Gutiérrez se compromete a acatar las reglas vigentes mientras tanto.
Esta renuncia de Gutiérrez marca un hito, ya que es la primera renuncia hecha pública por parte del bloque de 8 ministros y ministras que votaron a favor de revisar la reforma judicial a través de diferentes mecanismos legales.
Se espera que en el transcurso del día se sumen más renuncias, incluyendo la de la ministra Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte. Así como los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso la invalidez parcial de la reforma judicial.
