Ante la magnitud de la crisis de desapariciones en México, Amnistía Internacional urgió a que el Estado la declare como emergencia nacional, al tiempo que respaldó la activación de un mecanismo internacional ante la Organización de las Naciones Unidas.

En una carta enviada al Comité contra la Desaparición Forzada, la organización destacó cifras que evidencian la dimensión del problema: más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad estimada en 99.6%.

El documento también subraya el impacto social de esta crisis, reflejado en la existencia de 2,341 colectivos de familiares que realizan labores de búsqueda, así como en el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en el país. Además, señala que desde 2006 se han acumulado 118,207 casos de desaparición, lo que representa el 89% del total actual.

Amnistía calificó como un “hito histórico” la decisión del comité de la ONU de activar el procedimiento previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional, al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a una problemática que, advierte, ha sido minimizada.

La organización también cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado. Señaló que existen casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros en los que servidores públicos estarían directamente involucrados.

En ese contexto, alertó que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un escenario marcado por niveles casi absolutos de impunidad.

En sus conclusiones, Amnistía sostuvo que hay elementos suficientes para considerar que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y reiteró que la falta de castigo es un factor central que perpetúa la crisis.

Entre sus principales exigencias, la organización planteó:

1. Declarar la crisis como emergencia nacional con metas verificables.
2. Reconocer y proteger a los colectivos de búsqueda y a las familias.
3. Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer las investigaciones.

Asimismo, denunció la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes han sido víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor.

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