Ciudad de México.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es la funcionaria más corrupta en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así lo reveló una reciente encuesta.

Según la plataforma ‘México Elige’ que se encarga de llevar a cabo estudios demoscópicos, la excorredora encabeza un listado de 45 funcionarios relacionados con el gobierno de la cuarta transformación.

El top 3 de los funcionarios más corruptos del gobierno de AMLO

Con base en el índice de percepción de corrupción donde 100 es totalmente corrupto y 0 es nada corrupto, Ana Guevara gana ‘la carrera’.

• Ana Guevara, titular de la Conade con 62.4%.
• Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (54.5%).
• El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero (53.1%).

Asimismo, el 61.6% de los mexicanos encuestados considera que en el gobierno de AMLO sí hay corrupción.

Son @AnaGabrielaGue, @ManuelBartlet, Alejandro Gertz, @fgymexico y @OctavioRomero_O los políticos mas corruptos del país según nuestra encuesta. #MxElige pic.twitter.com/Iu5c3IaT71

— México Elige (@MxElige) June 19, 2023

Polémicas de corrupción de Ana Guevara

Es importante resaltar que la excorredora ha ocupado el primer puesto en estas encuestas realizadas por la plataforma ‘México Elige’ durante varios meses consecutivos.

Durante su periodo como líder de la Conade, ha sido acusada de desviar recursos y otorgar contratos sin licitación. Incluso, unos empresarios de Veracruz presentaron una demanda en su contra por intento de homicidio.

En el informe de la Cuenta Pública 2020, publicado en febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación instó a la Conade a proporcionar explicaciones sobre el destino de 377.1 millones de pesos que no pudieron ser debidamente justificados.

Durante el año 2019, bajo la dirección de Guevara, la Conade también debió esclarecer el uso de 186 millones de pesos. En el ejercicio siguiente, el organismo nuevamente debió comprobar el destino de 377.1 millones de pesos, es decir, más del doble de la cantidad anteriormente cuestionada.

En ambas cuentas públicas (2019 y 2020), se observa la presencia de «adjudicación directa de bienes y servicios» sin la realización de un «procedimiento de licitación pública».

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