La audiencia de imputación contra 12 funcionarios investigados por presuntas omisiones en el caso del Rancho Izaguirre fue suspendida este lunes en los juzgados de control y juicio oral de Puente Grande, luego de que no se notificara formalmente a los implicados debido a que personal del Poder Judicial se encuentra de vacaciones.

Cecilia Ayala, abogada defensora de tres peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señalados en el caso, confirmó que ni sus representados ni el resto de los funcionarios investigados fueron citados de manera oficial. A pesar de ello, los abogados acudieron a la sede judicial, en cumplimiento con la fecha previamente informada de manera no oficial.

Esta es la segunda ocasión en que la audiencia es cancelada. La primera estaba prevista para el 29 de mayo, pero también fue suspendida sin fijarse una nueva fecha. Durante el mes de julio, las partes acudieron en diversas ocasiones al tribunal buscando información. En una de esas visitas, tuvieron acceso a un documento donde se señalaba el 4 de agosto como nueva fecha de audiencia, misma que nuevamente no se concretó.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuándo será reprogramada la diligencia. Se espera que dicha información se proporcione una vez que el personal judicial retome sus labores regulares.

Los 12 funcionarios involucrados pertenecen a diversas instancias del sistema de procuración de justicia, incluyendo agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos criminalistas y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entre ellos se encuentra un funcionario con rango de subdirector, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal estatal, Gerardo de la Cruz, explicó que los agentes debieron conducir las investigaciones de forma precisa y realizar las diligencias correspondientes, lo cual no ocurrió. También señaló que al menos cuatro peritos que participaron en la inspección del rancho no siguieron los procedimientos adecuados, y que se investiga a quien coordinaba sus actividades.

“Desde el Ministerio Público tiene que haber una conducción precisa, y quien ejecuta las órdenes también tiene responsabilidad”, puntualizó el fiscal.

Respecto al acompañamiento de organizaciones civiles, De la Cruz reconoció que hasta ahora no ha habido presencia de colectivos de búsqueda ni de comisiones de derechos humanos en el caso, aunque dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración.

El caso del Rancho Izaguirre ha sido objeto de escrutinio desde mayo, cuando la Fiscalía Anticorrupción judicializó el expediente tras detectar posibles irregularidades en los peritajes realizados dentro del predio. La suspensión reiterada de audiencias genera inquietud entre las partes, que demandan celeridad y transparencia en el proceso.

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