En el contexto de la inminente desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), programada para el próximo 1 de septiembre, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó este fin de semana las reglas aplicables a los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES).

La decisión fue adoptada por mayoría, aunque contó con votos en contra de la magistrada Janine Otálora y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien expresó diversas preocupaciones relacionadas con la legalidad del procedimiento y el alcance de las nuevas facultades.

Rodríguez Mondragón argumentó que las reglas podrían representar una invasión de competencias del Instituto Nacional Electoral (INE), institución facultada constitucionalmente para llevar a cabo las investigaciones e integrar los expedientes en materia de procedimientos especiales sancionadores.

A través de su cuenta en la red social “X” (antes Twitter), el magistrado señaló que, si bien el artículo octavo transitorio de la reforma electoral establece que los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Sala Especializada pasarán a la Sala Superior, esto no autoriza por sí solo modificaciones estructurales.

Según explicó, los cambios aprobados por la Sala Superior impactan directamente la estructura institucional, los nombramientos, las remuneraciones y el presupuesto, por lo que, en su opinión, debieron formalizarse mediante reformas al Reglamento Interno y contar con el aval de la Comisión de Administración, no solo del pleno de la Sala Superior.

Asimismo, advirtió que el diseño actual de la Unidad Especializada en Procedimientos Sancionadores presenta ambigüedades normativas, funciones imprecisas y atribuciones que podrían exceder lo permitido por la legislación, lo que, desde su perspectiva, representa un riesgo de imprecisión legal y posible invasión competencial frente a las atribuciones del INE.

La reforma que dio origen a estos cambios fue parte de una reconfiguración institucional del TEPJF, impulsada como parte de los ajustes al sistema electoral aprobados en 2023, y que busca concentrar funciones en la Sala Superior. No obstante, especialistas han advertido que esta centralización podría debilitar mecanismos de control y especialización.

Hasta el momento, el INE no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las modificaciones aprobadas.

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