Con 25 votos a favor y 12 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos lograron aprobar en lo general el dictamen de la reforma judicial en una sesión que duró seis horas y estuvo marcada por intensas discusiones y acusaciones mutuas.
La columna vertebral de esta reforma, que ha generado gran controversia en el ámbito político, es la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Los senadores presentes en la sesión, un total de 38 entre ambas comisiones, protagonizaron un intenso debate en el que las acusaciones de privilegios y cooptación del Poder Judicial estuvieron a la orden del día.
Mientras los legisladores oficialistas defendían la propuesta como un avance hacia una justicia más democrática y transparente, los representantes de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaban posibles afanes de venganza y manipulación.
El senador morenista Oscar Cantón Zentina defendió la reforma argumentando que México necesita una justicia accesible para todos, no solo para aquellos con recursos o poder. Subrayando el respaldo popular que Morena ha recibido en las urnas, afirmó con convicción el apoyo de su partido hacia la iniciativa presidencial.
Sin embargo, las críticas y reservas continúan por parte de otros grupos parlamentarios. Marko Cortés del PAN recordó a Morena que no cuentan con mayoría calificada en el Senado y cuestionó los posibles acuerdos que podrían estar llevando a la aprobación de la reforma.
Presentan 70 reservas
En respuesta a las críticas y reservas, los senadores anunciaron la presentación de 70 reservas que serán abordadas por 11 oradores durante el proceso legislativo. Una vez avalada en comisiones, está planeado que el miércoles inicie su discusión en el pleno del Senado, en donde Morena y sus aliados necesitan sumar el apoyo de solo un legislador de oposición para aprobar la reforma.
Cabe mencionar que la iniciativa también contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
