El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular un dictamen que modifica el artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Con 355 votos a favor y 108 en contra, se aprobó en un solo acto la reforma que otorga facultades al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en delitos graves como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, de Morena, propuso la eliminación del concepto narcomenudeo y del delito de defraudación fiscal del catálogo de delitos graves, así como la ampliación del delito de creación de drogas sintéticas y la inclusión de los precursores y sustancias químicas esenciales para su elaboración, especialmente del fentanilo y sus derivados.
Tras un amplio debate, el dictamen se avaló en lo general y en particular con las modificaciones aceptadas por el Pleno, por lo que se envió al Senado de la República para su trámite legislativo.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) defendió la reforma al artículo 19 de la Constitución como una herramienta para combatir la inseguridad, argumentando que la prisión preventiva es necesaria para enfrentar la crisis de inseguridad, especialmente en el tema de la extorsión.
La diputada Ruth Marisela Silva Andraca, del PVEM, destacó que la propuesta busca asegurar que solo quienes representen un peligro real sean privados de su libertad antes de un juicio, evitando el daño irreparable a personas inocentes.
En contraparte, el diputado Alejandro Domínguez, del PRI, anunció que su bancada votaría en contra del dictamen, argumentando que violenta el principio de presunción de inocencia y busca regresar al sistema penal inquisitorio.
Con opiniones divididas en el Pleno de la Cámara de Diputados, la aprobación de esta reforma representa un cambio importante en el sistema judicial mexicano, con impacto directo en la procuración de justicia y en la lucha contra la inseguridad.
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