El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, defendió este jueves las reformas a la Ley de Amparo aprobadas por el Congreso, al afirmar que no representan una regresión en materia de derechos humanos, sino que buscan modernizar el juicio de amparo, agilizar los procesos y evitar que esta herramienta constitucional sea utilizada por personas vinculadas con delitos como el lavado de dinero o la evasión fiscal.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Zaldívar subrayó que el objetivo de las reformas es fortalecer el acceso a la justicia, hacerla más eficiente y digital, y frenar el uso estratégico de suspensiones para obstaculizar la acción del Estado frente a actos ilegales.

“El amparo debe proteger derechos humanos, no ser un instrumento para delincuentes”, expresó el también coordinador general de Política y Gobierno, al tiempo que advirtió sobre una “campaña de desinformación” que, a su juicio, busca presentar la reforma como un retroceso.

Principales cambios: justicia digital y límites a abusos

Zaldívar explicó que las modificaciones aprobadas —que incluyen reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— permiten acortar plazos procesales, avanzar hacia la justicia digital y evitar la fragmentación innecesaria de procedimientos.

Uno de los puntos centrales es la exclusión de la suspensión provisional en casos de bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como en el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de evitar estrategias dilatorias empleadas por deudores para frenar procesos legales.

“Una institución tan noble como el juicio de amparo no puede usarse para proteger a quienes lavan dinero”, sostuvo Zaldívar, quien aclaró que las reformas no afectan derechos adquiridos ni introducen retroactividad en el proceso legal.

Ante los señalamientos sobre una posible afectación al interés legítimo y al derecho de comunidades o colectivos a defender causas ambientales, el exministro aclaró que la redacción final fue modificada en el Senado para eliminar cualquier ambigüedad.

“Se mantiene intacta la defensa del medio ambiente y de las comunidades; no se limitan derechos colectivos”, enfatizó.

Reacción del Congreso y del Ejecutivo

La reforma fue avalada el miércoles por el Senado con 83 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 38 en contra de PAN, PRI y MC. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que el dictamen fue producto de audiencias públicas en las que participaron 41 especialistas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa, al señalar que permitirá más acceso a la justicia y mayor agilidad en los procedimientos. Rechazó las críticas al asegurar que provienen de sectores con intereses afectados o que desconocen el contenido de la reforma.

“A los lavadores de dinero no hay suspensión. A los deudores del fisco, sí hay derecho al proceso, pero no a frenar las acciones con trampas legales”, dijo.

Zaldívar concluyó que el amparo seguirá siendo “una institución ejemplar para la defensa de los derechos frente al poder”, y reiteró que la reforma no elimina derechos, sino que los refuerza al proteger su ejercicio legítimo y evitar distorsiones.

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