Autoridades federales y estatales aseguraron siete pozos y 25 pipas dedicados presuntamente a la extracción y comercialización ilegal de agua en distintos municipios del Estado de México, como parte de la estrategia conocida como Operación Caudal. La acción forma parte de una serie de cateos realizados este 26 de noviembre, mediante los cuales se busca frenar el llamado “huachicoleo de agua”, una práctica que ha crecido en zonas urbanas y periurbanas ante la presión por el acceso al recurso.

De acuerdo con información oficial, en los inmuebles intervenidos también se decomisaron vehículos de carga, maquinaria de construcción, motocicletas y remisiones vinculadas a dos organizaciones identificadas como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON) y el Sindicato Nacional 25 de Marzo, agrupaciones que, según indagatorias, habrían funcionado como fachada para operaciones irregulares de extracción y venta del líquido.

Cateos simultáneos en cinco municipios

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que los cateos se efectuaron en Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Teotihuacán. Los predios intervenidos estarían relacionados con delitos vinculados al uso indebido del agua, incluyendo extracción clandestina, sobreexplotación de pozos y la “ordeña” de redes municipales.

En los operativos participaron elementos de la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Seguridad estatal, corporaciones municipales, así como personal técnico de CONAGUA, el Centro Nacional de Inteligencia y organismos locales de agua. La movilización conjunta, señalaron autoridades, busca garantizar la trazabilidad del recurso y evitar que organizaciones irregulares continúen lucrando con el suministro en zonas donde existe estrés hídrico.

¿Qué es la Operación Caudal?

Esta estrategia fue impulsada para desarticular redes de comercio ilegal de agua, un delito que ha ganado relevancia en el Estado de México. La Operación Caudal no sólo contempla el aseguramiento de pozos y pipas, sino también acciones penales contra presuntos responsables.

La Fiscalía estatal confirmó que ya se han ejercido procesos en contra de integrantes de organizaciones sociales que simulan estructuras sindicales, además de funcionarios y particulares señalados por su participación en actividades de explotación y venta clandestina del recurso.

Con el aseguramiento de pozos, pipas y maquinaria, las autoridades buscan frenar un mercado ilícito que afecta directamente la disponibilidad de agua para comunidades enteras. La investigación continuará para determinar la magnitud de la red y la responsabilidad de los actores involucrados.

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