El Colectivo 10 de Marzo A.C., integrado por familiares de personas desaparecidas, denunció el asesinato de Gabriel Hernández, miembro activo de la organización, ocurrido la noche del miércoles en la colonia Loma Real de Jarachina Sur. De acuerdo con versiones preliminares, Hernández fue atacado por hombres armados mientras se desplazaba en su camioneta, la cual terminó en un canal de aguas negras tras recibir impactos de bala.

El colectivo señaló que Hernández contaba con una orden de protección emitida desde abril de 2024 por un juez de distrito. Esto le permitió formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contando con seguridad por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas; sin embargo, la medida le fue retirada el 10 de julio sin aparente motivo.

“Lloramos el asesinato del señor Gabriel Hernández, miembro de este colectivo y asociación. Seguía bajo el acecho de sus agresores hasta el día de su muerte”, expresó la agrupación en un comunicado difundido en redes sociales.

Había sido víctima de secuestro

Hernández, empresario de Reynosa, fue secuestrado durante casi un mes en 2021, presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo. Tras recuperar su libertad, denunció públicamente los métodos de operación de este grupo criminal y reconoció a al menos cuatro personas desaparecidas mientras estuvo cautivo.

En un video grabado en ese contexto, relató que recibió amenazas directas de presuntos miembros del crimen organizado mientras supervisaba uno de sus negocios.

“Se sacó una pistola que traía en la cintura y me la puso en el estómago. Luego me dijo que decía ‘La Chispa’ que dejara las cosas como están, porque si no se iba a meter la gente de ‘Miguelito’ a Reynosa a rafaguearnos”, narró entonces.

Exigen revisión del Mecanismo de Protección

Tras el crimen, el colectivo hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en la revisión y fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que consideran ineficiente ante los riesgos que enfrentan los buscadores.

“No queremos más madres ni buscadores asesinados. Rogamos a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para depurar los mecanismos de protección que no funcionan”, indicaron.

Asimismo, alertaron sobre la situación de una pareja de buscadores que, pese a contar con una orden judicial desde el pasado 10 de julio para ser incorporados al mecanismo, aún no han sido reubicados fuera de Reynosa, lo que, según el colectivo, los mantiene en una situación de alto riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el homicidio, ni sobre los avances en la investigación del ataque que acabó con la vida de Hernández.

El caso se suma a una creciente preocupación por la seguridad de familiares de desaparecidos en México, quienes muchas veces emprenden por cuenta propia las labores de búsqueda en contextos marcados por la impunidad y la violencia.

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