La Montaña Baja de Guerrero enfrenta una nueva ola de violencia que ha dejado a su paso muerte y el desplazamiento forzado de miles de personas. El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) alertó sobre una ofensiva coordinada del grupo criminal «Los Ardillos» contra las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán.

Jesús Plácido Valerio, líder de la agrupación, denunció que los ataques no solo han sido terrestres, sino que han escalado al uso de drones para realizar bombardeos contra la población civil. Esta situación ha provocado que más de mil familias abandonen sus hogares para salvar la vida ante la falta de intervención de las autoridades.

Ejecuciones y omisión institucional

El Cipog-EZ detalló que el pasado 6 de mayo, cuatro de sus integrantes, identificados como Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, fueron asesinados mientras realizaban labores de albañilería en la comunidad de Xicotlán. Las víctimas también se desempeñaban como policías comunitarios y defensores del territorio.

Según el comunicado de la organización, los agresores se desplazaban en una camioneta blindada que pasó frente a un cuartel del Ejército ubicado en el crucero del Jagüey, a escasos 15 minutos de donde ocurrió la masacre, sin que los efectivos militares intervinieran antes o después del crimen.

Acusaciones de colusión política

La denuncia del consejo indígena va más allá del grupo criminal, señalando directamente una red de protección que involucra a la clase política del estado. El Cipog-EZ recordó los vínculos familiares de legisladores locales con los líderes de «Los Ardillos» y el polémico video de la exalcaldesa de Chilpancingo con Celso Ortega, líder de la organización.

«Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de coludirse con Los Ardillos por permitir las irrupciones en los pueblos nahuas», sentenció la organización, destacando que el asedio contra sus comunidades es una respuesta a su labor de defensa de la tierra y su pertenencia al Congreso Nacional Indígena.

Mientras las familias desplazadas buscan refugio, el Cipog-EZ exige justicia inmediata y una presencia real del Estado que no se retire durante las agresiones, como aseguran ocurrió en esta última ofensiva armada.

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