La sede de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro (FESC) en Playas de Tijuana fuera blanco de un ataque perpetrado mediante drones cargados con artefactos explosivos hechizos. Ante la sofisticación y el blanco del atentado, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la investigación se realiza bajo la figura penal de terrorismo.

El ataque, que ha puesto en evidencia la capacidad operativa de los grupos criminales en la entidad, se suma a un preocupante incremento en las agresiones dirigidas contra instalaciones de procuración de justicia en el estado.

El Ataque con Tecnología de Guerra

La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, ofreció detalles del incidente. Agentes de la unidad antisecuestros, que se encontraban en pleno turno, advirtieron la caída de explosivos en el patio de las instalaciones de la avenida El Picacho.

Contrario a los ataques con bombas molotov, la agresión se ejecutó con drones que transportaban y lanzaron tres artefactos explosivos hechizos. La fiscalía describió estos dispositivos como botellas de plástico rellenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos diseñados para expandir su contenido al impactar.

«Son artefactos hechizos que, al impactar, expanden su contenido sobre las superficies, lo que propicia daños en carros y cristales”, explicó Andrade Ramírez, descartando que se tratara de mecanismos incendiarios clásicos.

Sin Heridos, pero con Daños y Alarma

Pese a la intensidad de la detonación y el uso de artefactos peligrosos, la FGE confirmó que no se registraron personas heridas —ni agentes, ni personal administrativo, ni civiles— ni se generó un incendio en las instalaciones o vehículos.

El ataque se dirigió de manera exclusiva al patio de la unidad, donde resultaron dañados tres vehículos particulares de empleados y una unidad oficial. Las imágenes mostradas por la fiscal exhiben orificios en la carrocería y cristales rotos causados por los fragmentos metálicos, lo que obligará al reemplazo de vidrios y reparación de láminas.

Asimismo, la fiscalía descartó la versión inicial sobre disparos de arma de fuego por parte de los agresores, aunque sí reconoció que agentes de seguridad realizaron disparos preventivos posteriormente, ante el sobrevuelo de un dron de origen no identificado.

Terrorismo en Investigación

La gravedad del ataque radica en que es la primera vez que se documenta el uso de drones con explosivos dirigidos específicamente contra la fiscalía en Baja California.

Ante la sofisticación del método —operación a distancia, planeación y capacidad de transporte de carga explosiva—, el Ministerio Público ha tomado la decisión de investigar los hechos bajo la figura penal de terrorismo. La FGE ya coordina acciones con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones federales para el análisis y posible atracción del caso.

Las autoridades de Baja California tienen una hipótesis clara: el ataque es una represalia directa al intenso trabajo de la FGE en el combate a delitos de alto impacto.

“Este tipo de agresiones responde al trabajo de combate a delitos de alto impacto, especialmente homicidios y secuestros, donde tenemos más de dos mil cateos y detenciones relevantes de enero a la fecha”, afirmó la fiscal Andrade Ramírez, quien no descarta vínculos con ataques previos sufridos por la institución y con la presión generada por las recientes capturas de líderes de células del crimen organizado.

La FGE reconoció que la investigación presenta un reto mayor debido a la ausencia de agresores en la escena, limitando la posibilidad de identificar rostros o vehículos, un factor que es inherentemente parte de esta nueva modalidad de ataque con drones. No obstante, la fiscal aseguró que el «ataque cobarde no quedará impune» y que la institución cuenta con la tecnología para dar seguimiento a los responsables.