En una sesión pública llevada a cabo en los juzgados de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, se decidió posponer por tercera vez la audiencia inicial de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. El motivo fue la ausencia de sus dos defensores, quienes alegaron problemas de salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Duarte por el delito de peculado, relacionado con un daño de 5 millones de pesos a un fondo para personas con discapacidad en 2012. El juez Gustavo Aquiles Villaseñor, a cargo del caso, expresó su preocupación por la continua falta de asistencia de la defensa y advirtió que, de no presentarse, nombrará un abogado de oficio.

Contexto del caso

El expediente contra Duarte de Ochoa fue judicializado en noviembre del año pasado, pero la audiencia inicial ha enfrentado múltiples retrasos.

En esta ocasión, el juez Villaseñor estableció una nueva fecha para el jueves de la misma semana, a las 09:15 horas, en el Reclusorio Norte.

Duarte, al tomar la palabra en la audiencia, explicó que sus abogados, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Hope Arteaga, están hospitalizados. A pesar de esto, rechazó ser representado por un abogado de oficio, solicitando tiempo adicional para asegurar la presencia de su defensa privada.

Posición del Ministerio Público

La representación del Ministerio Público federal insistió en que las ausencias de los abogados de Duarte son estrategias dilatorias. Solicitaron que el juez asigne un defensor de oficio según lo permitido por la ley. Al concluir la sesión, los representantes del Ministerio Público reiteraron que cuentan con las pruebas necesarias para proceder con la acusación de peculado, delito que podría resultar en una pena de hasta 14 años de prisión para Duarte.

Futuras implicaciones

Esta serie de aplazamientos en la audiencia inicial podría influir en la percepción pública del proceso judicial. Además, la posible imputación de peculado añade una dimensión significativa al caso de Duarte, quien ya enfrenta otras acusaciones. El desarrollo de esta situación será crucial para determinar no sólo el destino legal del exgobernador, sino también el mensaje que envía sobre la lucha contra la corrupción en el país.

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