El juez de control Genaro Alarcón López determinó diferir la audiencia intermedia de Emilio Lozoya para el próximo 31 de agosto, luego que no se alcanzó un acuerdo reparatorio con las autoridades.

De acuerdo con reportes, el gobierno mexicano exigió un pago de 30 millones de dólares (aproximadamente 500 millones de pesos mexicanos) como reparación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Lo anterior para que el exdirector de Pemex siguiera su proceso en libertad.

Sin embargo, dicha cifra es tres veces lo solicitado originalmente. Ante ello, Emilio Lozoya acusó al gobierno mexicano de quererlo extorsionar.

«La narrativa es falsa e inverosímil, la UIF y Pemex pidieron en enero de 2022, 3. 4 millones de dólares, ahora lo que piden es 200 por ciento más, me parece que es inmoral, ilegal y que raya en la extorsión», señaló el exfuncionario.

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Mientras que su defensa denunció ante el juez de Control, Gerardo Alarcón López el cambio sorpresivo de Pemex y la UIF, sin presentar una justificación en las reuniones que sostuvieron en junio. En dichos encuentros participó el papá de Emilio Lozoya, pero no la FGR.

Tras ello, el juez solicitó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos y de la UIF motivar su decisión de aumentar en 200 por ciento la cantidad solicitada al exfuncionario.

Sin embargo, no lo hicieron, dado lo anterior, el juez determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no se motivó ni fundó el cambio de la cantidad.

«No es posible, por el momento, llevar a cabo la audiencia, la postura del gobierno es dogmática, carente de sustento sin motivación en la que no participó la FGR», puntualizó el juez.

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