El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha puesto en marcha un plan para revisar las pensiones que superen el límite legal establecido en 33 mil 5 pesos al mes.
Martí Batres, director general del ISSSTE, ha anunciado que se buscarán posibles irregularidades en las pensiones y, en caso de encontrarlas, se tomarán las medidas correspondientes.
Con el objetivo de combatir los “excesos e injusticias” que puedan existir en el sistema de pensiones, el ISSSTE ha emitido un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de noviembre de 2024.
Este acuerdo establece un procedimiento para verificar, modificar o revocar las pensiones que excedan el límite legal de 33 mil 5 pesos al mes, de acuerdo con lo estipulado en la Ley del ISSSTE.
Como cada semana, me reuno con Directores y Directoras del @ISSSTE_mx para tratar temas prioritarios. pic.twitter.com/duIFnFbUD0
— Martí Batres (@martibatres) November 11, 2024
Además, el instituto tendrá la facultad de ordenar en cualquier momento la verificación de la autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para otorgar una pensión, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del ISSSTE.
En caso de detectarse documentos falsos o presuntas responsabilidades administrativas, el ISSSTE denunciará los hechos al Órgano Interno de Control del Instituto y/o al Ministerio Público federal.
La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales será la encargada de llevar a cabo esta revisión y de tomar las medidas necesarias, como suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la Ley. Este acuerdo entró en vigor el 9 de noviembre de 2024 y estará disponible para su consulta a través de la Normateca Electrónica Institucional y el DOF.
Con esta medida, el ISSSTE busca garantizar la transparencia y la legalidad en el sistema de pensiones, así como corregir posibles irregularidades que puedan existir. Martí Batres ha reiterado el compromiso del instituto de combatir la corrupción y garantizar que las pensiones se otorguen de manera justa y equitativa.
