La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio inicio este lunes a un nuevo programa destinado a la demolición y rehabilitación de edificios que se encuentran en riesgo estructural debido a los sismos de 1985 y 2017. Esta iniciativa busca mitigar los peligros para la población y recuperar espacios para nuevas obras y proyectos habitacionales.

El programa comenzó con la demolición de dos edificios ubicados en Plaza Tlaxcoaque, específicamente en las direcciones Fray Servando 172 y Fray Servando 174, ambos gravemente afectados por el sismo de 1985 y, posteriormente, por el de 2017. La demolición de estos inmuebles, con un costo aproximado de siete millones de pesos, está siendo supervisada por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad para las Construcciones.

Durante el evento, Clara Brugada destacó que, además de estos dos edificios, ya están identificados otros inmuebles que serán intervenidos, entre ellos seis edificios en Tlatelolco, donde actualmente se realiza un estudio técnico para determinar las mejores opciones de rehabilitación. También se contempla la intervención de dos edificios privados en Insurgentes Sur 102 y San Antonio Abad 8.

En su discurso, Brugada Molina enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional y con los propietarios privados de los inmuebles, con el fin de llevar a cabo un proceso de rehabilitación adecuado y seguro. Además, subrayó que el objetivo final de este programa es eliminar el riesgo para los habitantes de las zonas afectadas y, en el caso de los inmuebles privados, buscar acuerdos para posibles proyectos de vivienda.

Por su parte, Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México, explicó que, en aquellos edificios con riesgos estructurales, la intención es transformar estos espacios en proyectos de vivienda asequible, para beneficio de la comunidad, al tiempo que se contribuye al desarrollo urbano y al bienestar de los habitantes de la capital.

Este programa forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno capitalino para asegurar que las estructuras vulnerables sean intervenidas, protegiendo así la seguridad de las personas y promoviendo el uso adecuado del suelo para fines habitacionales y comunitarios.

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