En respuesta a la conmoción social provocada por el asesinato de dos docentes en el municipio de Lázaro Cárdenas, los diputados Alfredo Anaya Orozco y Sandra Arreola Ruíz, integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Ley de Corresponsabilidad Familiar”. El proyecto busca que los padres o tutores de menores que incurran en delitos de alto impacto —como homicidio, feminicidio, secuestro y extorsión— enfrenten procesos penales por negligencia u omisión.

El Origen de la Violencia: El Entorno Familiar

Durante la exposición de motivos, el diputado Anaya Orozco enfatizó que tragedias como la ocurrida apenas ayer se pudieron evitar mediante una supervisión adecuada. Cuestionó el acceso de un joven de 15 años a armas de alto calibre, sugiriendo que la responsabilidad recae directamente en el seno familiar.

Propuesta de Sanción: La iniciativa plantea que los padres asuman una responsabilidad penal equivalente a la mitad o hasta dos terceras partes de la pena impuesta al menor.

Criterio Judicial: Será el juez quien determine las agravantes y el tiempo específico de la sanción, basándose en la negligencia demostrada por los tutores.

No Criminalizar, sino Responsabilizar

Por su parte, la diputada Sandra Arreola aclaró que la intención no es perseguir a los padres de familia de manera indiscriminada, sino establecer una responsabilidad parental clara cuando se tiene conocimiento de que un menor incurre en ilícitos.

La legisladora urgió a revisar el marco legal actual, citando las declaraciones del fiscal Torres Piña, quien señaló que el adolescente implicado en el doble homicidio de las profesoras María del Rosario y Tatiana podría enfrentar una pena máxima de apenas tres años.

Contexto y Alcance Legal

Aunque de aprobarse esta ley no tendría efectos retroactivos para el caso del adolescente de Lázaro Cárdenas, los legisladores subrayaron la urgencia de su implementación. Recordaron que la participación de menores en delitos graves ha ido en aumento, mencionando el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo, donde estuvieron involucrados tres adolescentes. La propuesta busca desincentivar que los menores sean utilizados por grupos delictivos bajo la premisa de bajas sanciones y nula repercusión para sus protectores legales en este 2026.

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