La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley sobre Extorsión en México, la cual tiene por objetivo una reforma al artículo 73 de la Constitución.

La reforma, avalada con 474 votos a favor, modifica el artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir una norma que homologue la tipificación del delito de extorsión y sus sanciones en todo el territorio. Esto permitirá establecer un marco legal común para su prevención, investigación y atención a víctimas, algo que era vital ante la diversificación de las modalidades de este crimen.

La iniciativa responde a la urgente necesidad de modernizar el marco jurídico frente a un delito que ha evolucionado de manera acelerada. El dictamen aprobado resalta que la tipificación de la extorsión en el Código Penal Federal data de 1984, una norma que no contempla las nuevas modalidades que han surgido con el avance de la tecnología y la vinculación con la delincuencia organizada.

Actualmente, la falta de una norma unificada ha sido un obstáculo para la procuración de justicia, ya que cada estado de la República ha tipificado el delito de forma distinta, con sus propias penas y criterios, lo que ha generado una falta de coherencia que dificulta la atención eficaz del problema a nivel nacional. La reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum busca terminar con esta fragmentación legal.

Los objetivos de la nueva Ley General

Con la aprobación del dictamen, el Congreso de la Unión tendrá un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para expedir la nueva ley. Dicha norma general establecerá, como mínimo:

1. Tipos penales y sanciones: Una definición unificada de la extorsión y sus agravantes para todas las entidades federativas.
2. Delitos vinculados: Se contemplarán las conductas relacionadas que suelen acompañar a la extorsión.
3. Mecanismos de atención: Se estipularán las herramientas y protocolos para la prevención, investigación y atención efectiva de víctimas, personas ofendidas y testigos.

La reforma busca, en esencia, armonizar y sistematizar la materia de extorsión para que las autoridades puedan combatir este delito de manera adecuada, sin importar en qué parte del país se cometa. Mientras tanto, las legislaciones locales en la materia seguirán vigentes hasta que se defina la nueva ley.