La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, un dictamen impulsado por Morena y sus aliados que ha sido fuertemente criticado por la oposición al considerar que restringe una herramienta esencial para la defensa de los derechos ciudadanos.

La reforma, proveniente de una minuta del Senado, fue validada con 345 votos a favor del bloque oficialista (Morena, PVEM y PT), frente a 131 votos en contra.

La discusión se centró inmediatamente en lo particular, donde se enlistaron 309 reservas, aunque se prevé que solo tres modificaciones cruciales propuestas por Morena sean finalmente aceptadas.

Votos en Contra y Abstenciones

A pesar de la sólida mayoría oficialista, se registraron fisuras internas. La ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, votó en abstención, al igual que los diputados del PT, Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto. Asimismo, se registraron votos en contra de la iniciativa dentro del bloque oficialista, como el de Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT).

Las Tres Modificaciones Clave Propuestas por Morena

Consciente de las críticas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el grupo parlamentario propondría la aceptación de tres cambios clave para mitigar algunos de los aspectos más cuestionados de la minuta:

1. Supresión de la Obligación Judicial: Se busca eliminar la obligación del juez de verificar que, «de ejecutarse el acto (reclamado) se puedan causar daños de difícil reparación» para conceder el amparo. Esta supresión obedece a las críticas sobre los requisitos excesivos que se imponían a los quejosos.
2. Aclaración Procesal: Se modificará la interpretación del momento en que los asuntos en proceso ya no podrán resolverse bajo el régimen legal anterior, sino bajo las nuevas disposiciones, buscando mayor claridad en la aplicación de la ley.
3. Blindaje de Derechos Adquiridos (Permisos): La tercera y quizá más relevante corrección fue presentada conjuntamente por Monreal y Ricardo Mejía Berdeja (PT). Esta precisión busca establecer claramente que, tratándose de permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno federal, existe un derecho adquirido que no está sujeto a revocación o a que se deje sin efecto mediante la nueva ley.

En tribuna, Mejía Berdeja detalló que esta enmienda es fundamental para evitar la afectación al sector productivo y transportista, al diferenciar entre quien promueve un amparo para operar sin permiso y quien ya lo tiene y busca defenderlo ante una revocación.

«La modificación… beneficiará a millones es que, cuando ya se tenga el permiso, la concesión o la autorización, es derecho adquirido y viene una revocación o se deja sin efectos, ahí sí se puede hacer valer en el juicio de amparo en la suspensión provisional,» argumentó Mejía Berdeja, asegurando que la redacción original de la fracción XVI del Artículo 129 podría haber dejado indefensos a sectores con derechos de operación legítimamente obtenidos.

La aprobación en lo general del dictamen consolida la voluntad de la mayoría oficialista para limitar la suspensión de actos con efectos generales, una medida que, según la oposición, reduce la capacidad del Poder Judicial para frenar decisiones ejecutivas consideradas inconstitucionales, pero que, según Morena, busca evitar el uso faccioso del amparo.