En un acto de consenso político, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 439 votos a favor, un ambicioso proyecto de reformas a 17 leyes federales. El objetivo principal es establecer «deberes reforzados» para el Estado mexicano, obligando a los tres órdenes de gobierno a proteger de manera activa a mujeres, adolescentes y niños frente a todas las formas de violencia y a garantizar la igualdad sustantiva.

Unanimidad por la Igualdad: El Proyecto Pasa al Senado

La minuta, que ahora ha sido turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, representa un avance significativo en la legislación de género. El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca elevar las obligaciones del gobierno a un nuevo nivel de compromiso legal.

La reforma tiene como pilar la obligación de aplicar medidas más amplias y proactivas orientadas a salvaguardar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el bienestar físico y mental de las mujeres, así como el respeto a su dignidad y autonomía.

Para lograrlo, las modificaciones y adiciones impactan diversas disposiciones de marcos legales fundamentales, entre los que destacan:

1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencias.
3. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4. Leyes específicas en materia de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura y Vivienda.

Del Discurso a la Evidencia: Presupuesto y Métrica Obligatoria

El proyecto establece una obligación clara para el gobierno federal, los estados y los municipios: no solo deben expedir normas legales, sino que deben garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias a través de medidas presupuestales y administrativas reforzadas de protección.

Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, la legisladora morenista Anaís Burgos enfatizó que la igualdad sustantiva ya no puede limitarse a la retórica política. Ahora, deberá ser demostrada con resultados y evidencia tangible.

“Cada política, cada programa y cada peso invertido tendrá que mostrar que reduce brechas, salva vidas y mejora la vida de las mujeres,” indicó la legisladora.

La reforma introduce un componente de rendición de cuentas y evaluación sin precedentes. Se establece que los tres órdenes de gobierno deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con una rigurosa perspectiva de género.

Medición de Impacto y Datos Desagregados

Uno de los puntos más innovadores y trascendentales de estas reformas es la obligatoriedad de la medición de impacto. La legisladora Burgos detalló que la ley exige lo siguiente: «Por primera vez, la ley establece que la medición de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento.»

Esto significa que los programas y acciones del gobierno deberán ser evaluados con métricas específicas para demostrar que, efectivamente, están cerrando las brechas históricas de desigualdad. Con esta aprobación, la Cámara de Diputados envía un mensaje claro: la protección de la mitad de la población es un deber de Estado que debe medirse y demostrarse con evidencia.