La iniciativa para eliminar las denominadas pensiones ‘doradas’ ha llegado formalmente a la Cámara de Diputados, marcando el inicio de su ruta legislativa tras haber sido aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 11 de marzo. El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, confirmó que la Comisión de Puntos Constitucionales será la encargada de dictaminar esta reforma al Artículo 127 constitucional, la cual cuenta con el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diagnóstico que sustenta la reforma es contundente: existen exfuncionarios de organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, como Pemex, CFE y el Banco de México, que perciben pensiones superiores al salario presidencial. El senador Óscar Cantón Zetina ejemplificó el exceso mencionando el caso de un extrabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro que recibe más de un millón de pesos mensuales.

Los puntos clave de la reforma:

Tope Máximo: Ninguna pensión podrá exceder los 70,000 pesos mensuales (equivalente a la mitad del salario de la Presidenta).

Ahorro Estimado: Se prevé recuperar 5,000 millones de pesos anuales para las arcas públicas.

Retroactividad: Las pensiones otorgadas antes del decreto deberán ajustarse obligatoriamente a los nuevos topes.

Excepciones: Las Fuerzas Armadas y las pensiones derivadas de aportaciones sindicales directas quedan excluidas de esta medida.

Aunque partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor en lo general para evitar el costo político de defender privilegios, expresaron críticas durante el debate. Los legisladores de oposición señalaron su preocupación por la aplicación retroactiva de la ley y cuestionaron que el cálculo se base en el salario presidencial y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Ricardo Monreal adelantó que, además de esta reforma, la agenda contempla temas prioritarios en materia ambiental, fiscal y el llamado «Plan B» electoral. Pese a la proximidad del receso por Semana Santa, el legislador aseguró que no se acelerarán los procesos de forma indebida y se respetarán los plazos legales para garantizar un análisis profundo de cada iniciativa en este marzo de 2026.

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