Un grupo de organizaciones campesinas e indígenas firmaron un documento dirigido a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, en el que solicitan un compromiso firme para lograr la soberanía alimentaria y acabar con el «modelo neoliberal» en el campo mexicano.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), la Organización para el Desarrollo Rural Sustentable (OPDRS) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).
Buscan impulsar un cambio real en el campo
Durante la presentación del documento, José Narro, representante del CNPA y senador por Morena, afirmó que es vital que el campo ocupe un lugar importante en las políticas públicas del próximo Gobierno. Narro destacó la necesidad de trabajar en conjunto para impulsar un cambio real en el campo mexicano.
Por su parte, Álvaro López Ríos, representante de UNTA, denunció que los campesinos se han enfrentado a problemas de seguridad, justicia social y salud, especialmente durante la crisis por Covid-19. Mientras que Francisco Yasser del MST valoró la presencia de organizaciones agrarias en un acuerdo firmado previamente con Sheinbaum, lo que muestra avances en este sentido.
Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para 2026, los representantes de UNTA y MST coincidieron en la importancia de tomar en cuenta las opiniones de las organizaciones campesinas en este proceso.
Manejo del agua y su distribución
Otro tema crucial discutido fue el manejo del agua y su distribución. José Carmen Soto del OPDRS señaló que los cultivos de aguacate en el Estado de México y Michoacán están consumiendo grandes cantidades de agua que deberían destinarse a uso humano.
El documento firmado incluye propuestas como detener la devastación ambiental y el extractivismo, así como promover políticas amigables con el medio ambiente. También se aboga por una reforma constitucional que reconozca al agua como un bien asociado al territorio y por el impulso a la sindicalización de los trabajadores agrarios.
También proponen la separación de las funciones de desarrollo urbano de las agrarias, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. Además, se hizo hincapié en la necesidad de asignar un mayor presupuesto para el sector rural y la construcción de la banca de desarrollo agropecuario.
Por otro lado, se rechazó el extractivismo y la minería tóxica, argumentando que las empresas mineras han sido un foco de conflicto en el campo. Según datos presentados, las empresas mineras han recibido 56 millones de hectáreas en concesiones, lo que ha generado más de 300 conflictos sociales en diversas comunidades rurales.
Las organizaciones buscan presentar el documento a la presidenta electa en un plazo de ocho días, con el objetivo de impulsar cambios significativos que garanticen la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades campesinas e indígenas en México.
