En un acto conmemorativo por el ‘Día de los Derechos Humanos’, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló una serie de compromisos que buscan posicionar a la capital como un referente en la protección y promoción de los derechos humanos para todas las y los habitantes de la ciudad.

En un comunicado oficial, Brugada expresó su firme convicción de que los derechos humanos son la base fundamental de una ciudad justa, equitativa y en constante transformación.

En ese sentido, detalló los principales puntos del decálogo que marcarán su administración en materia de derechos humanos. El primero de los compromisos establece que los derechos humanos estarán presentes en todas las políticas, planes, programas y actividades institucionales del gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, se pondrá en marcha el Programa de Derechos Humanos de la ciudad con enfoque de género, incluyendo los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, entre otros.

Otro de los puntos destacados es la alineación de las políticas públicas con el derecho a una vida libre de pobreza y violencia, así como el compromiso de garantizar que los cuerpos de seguridad operen bajo altos protocolos y estándares internacionales para el uso de la fuerza.

En cuanto a la memoria y justicia histórica, la mandataria capitalina aseguró que se garantizará el derecho a la verdad, a la memoria y al esclarecimiento de los hechos del pasado.

Además, se mantendrá de forma permanente el derecho a la protesta, la organización y la movilización, respetando en todo momento los derechos políticos de todas y todos los ciudadanos.

En materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, se fortalecerá la búsqueda e investigación de personas desaparecidas o no localizadas, priorizando el acompañamiento y apoyo a las familias afectadas.

Por último, Brugada reafirmó la posición de la Ciudad de México como una ciudad hospitalaria y solidaria, comprometiéndose a garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad y solicitantes de asilo en coordinación con las autoridades federales.

Además, anunció la transformación de la Procuraduría Social en la defensoría social y el fortalecimiento de la defensoría pública, con el objetivo de brindar acceso a servicios jurídicos gratuitos a todas y todos los ciudadanos.

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