El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local para incluir un capítulo exclusivo que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito. Esta medida marca un hito en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano en la capital mexicana.

Penas severas para funcionarios por corrupción inmobiliaria

La reforma establece que cualquier servidor público que permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales sin el cumplimiento de los requisitos legales podrá ser condenado a una pena de entre 10 a 20 años de prisión. Esta medida refleja la gravedad de este delito y busca disuadir a los funcionarios de participar en actividades corruptas que pongan en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor, destacó la importancia de esta reforma para prevenir futuros casos de corrupción inmobiliaria en la ciudad. Asimismo, señaló que es fundamental que los funcionarios públicos sean conscientes de las consecuencias legales de sus acciones y que sepan que serán responsables ante la ley si participan en actividades ilegales relacionadas con la construcción y el desarrollo urbano.

Sanciones adicionales para los casos más graves

La aprobación de esta reforma recibió el respaldo unánime del pleno del Congreso, lo que refleja el compromiso de todos los partidos políticos con la lucha contra la corrupción. Además, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reconoció públicamente la importancia de esta medida y destacó el papel crucial que desempeña en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la promoción de la transparencia y la legalidad en la administración pública.

El nuevo artículo 276 Quater establece que la pena por corrupción inmobiliaria se incrementará en una mitad cuando las conductas delictivas produzcan beneficios económicos a la persona funcionaria o a sus allegados. Esto significa que las penas máximas podrían alcanzar hasta 30 años de prisión, lo que refleja la gravedad de los delitos relacionados con la corrupción en el sector inmobiliario.

Finalmente, esta reforma representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en la Ciudad de México y envía un claro mensaje de que los funcionarios públicos que participen en actividades ilegales serán responsabilizados y sancionados conforme a la ley.

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