El ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, suma una nueva acusación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de peculado agravado y asociación delictuosa, por el que podría alcanzar una pena de hasta 18 años de prisión. Se le acusa de haber desviado 120 millones de pesos del erario público a favor de la empresa Kepler Soluciones Integrales, S.A. de C.V., que habría facturado servicios inexistentes al gobierno estatal durante su administración.

Un juez de control del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, le dictó el auto de vinculación a proceso la noche del lunes 28 de agosto de 2023, después de que el pasado miércoles se le ejecutó una orden de aprehensión dentro de la causa penal 1260/2017. El juez determinó que existían los elementos suficientes para presumir su participación en los hechos y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 10 meses, así como un plazo de investigación complementaria de 60 días.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Duarte habría ordenado el pago de 120 millones de pesos a la empresa Kepler Soluciones Integrales, que era propiedad de su amigo y ex secretario particular, Jaime Agustín Fong Ríos. La empresa habría emitido facturas por concepto de asesorías, consultorías y capacitaciones al gobierno estatal entre 2015 y 2016, sin que se comprobara la realización de dichos servicios.

Duarte se defendió en la audiencia y señaló que él no podía disponer de los recursos públicos y que su ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, era el responsable. Herrera Corral, uno de los testigos protegidos en contra de Duarte, admitió bajo presión que mintió sobre el caso en una grabación ilegal que hizo el actual fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno. Así lo acusó Duarte.

Duarte sigue sumando acusaciones en su contra

Desde que lo extraditaron desde Estados Unidos el pasado 7 de julio, después de estar prófugo desde 2017, Duarte enfrenta su segunda causa penal. El pasado 8 de julio le imputaron los delitos de peculado y asociación delictuosa por desviar más de mil millones de pesos del erario público para fines electorales a favor del PRI.

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