El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue autorizado a trasladarse a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de una diligencia legal vinculada con un juicio de amparo que interpuso para recuperar el rancho “El Saucito”, una propiedad asegurada por las autoridades como parte del proceso penal que enfrenta desde 2022.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua informó que la comparecencia se realiza en cumplimiento del oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido el pasado 19 de septiembre. Un juez de control del Distrito Judicial Morelos avaló el traslado bajo estrictas condiciones, entre ellas el uso del brazalete electrónico de geolocalización que Duarte porta desde que obtuvo la prisión domiciliaria. El movimiento fue realizado bajo custodia de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes fueron asignados exclusivamente para resguardar su integridad y garantizar su retorno a la entidad.

Pese a que el viaje generó especulación en medios locales, la defensa legal del exmandatario priista aclaró que la visita a la capital del país no se relaciona con una nueva acusación penal, sino con el acceso a una carpeta de investigación ligada al amparo 180/2025, el cual busca revertir la incautación de su rancho ubicado en el municipio de Balleza, con una extensión de 4 mil 300 hectáreas.

El abogado Juan Carlos Mendoza Luján subrayó que Duarte acudió por decisión propia, acompañado por dos de sus representantes legales, con el único propósito de imponerse del contenido de dicho expediente. “No se trata de una declaración ni de una comparecencia ministerial”, señaló en un comunicado.

El rancho “El Saucito” fue asegurado años atrás por las autoridades como parte de las investigaciones en curso. Sin embargo, el exgobernador obtuvo en mayo una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, la cual fue ratificada en junio por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Esa resolución obliga a la FGR a permitir la revisión de la carpeta y sienta las bases legales para que Duarte reclame formalmente la restitución de la propiedad, dentro del proceso de amparo en curso. Hasta el momento, no se ha emitido sentencia sobre el caso penal principal.

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