Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. No obstante, un juez federal determinó que el boxeador podrá continuar su proceso en libertad condicional, bajo restricciones específicas: no podrá salir del país ni acercarse a los testigos presentados por la Fiscalía.

La resolución fue emitida por el juez Enrique Hernández Miranda al concluir una audiencia de casi nueve horas, realizada por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo, donde el acusado permanecía bajo resguardo tras ser deportado desde Estados Unidos el pasado 19 de agosto.

Durante la audiencia, el juzgador se negó a imponer la medida de presentación periódica, argumentando que por tratarse de una figura pública, Chávez Jr. podría ser blanco de acoso por parte de los medios de comunicación. Esta decisión fue tomada pese a que el delito de delincuencia organizada se encuentra listado entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa, conforme al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

Fuentes ministeriales señalaron que la medida cautelar debió aplicarse sin excepciones, y adelantaron que el Ministerio Público Federal podría apelar la resolución, al considerar que no se cumplió con la aplicación estricta de la ley.

Hernández Miranda justificó su decisión al señalar que el imputado cuenta con domicilio conocido en Culiacán, Sinaloa, a pesar de haber sido detenido en Estados Unidos mientras tramitaba su residencia en ese país. El juez también sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) eran suficientes para iniciar un proceso penal.

De acuerdo con el expediente, la carpeta de investigación incluye testimonios recabados tanto en México como en Estados Unidos desde 2019, que señalan al hijo del legendario campeón mundial de boxeo como colaborador de una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como uno de «Los Chapitos».

Entre las pruebas documentales y materiales, se presentó una bata de boxeo atribuida a Chávez Jr., hallada durante un cateo en una propiedad vinculada al grupo criminal. Además, algunos testimonios refieren que el exboxeador habría participado en actos de violencia contra personas mantenidas en cautiverio por dicha organización.

Durante la audiencia, la defensa legal —integrada por Alejandra Payán Navarrete, Rubén y Marco Antonio— cuestionó la solidez de las pruebas, argumentando que de los 21 elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), solo nueve implican de manera directa al imputado.

Chávez Jr., quien compareció con la misma ropa con la que fue deportado (camisa tipo polo moteada, pantalones deportivos oscuros y tenis rojos), enfrenta además una investigación paralela por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La determinación judicial ha generado controversia por tratarse de un caso de alto perfil que involucra a una figura pública y delitos considerados graves. La resolución sigue sujeta a revisión, en tanto el Ministerio Público Federal define si interpondrá el recurso de apelación correspondiente.

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