En la Sierra Mariscal, ubicada en Chiapas, el crimen organizado ha comenzado a cobrar cuotas exorbitantes a las iglesias evangélicas que allí se encuentran. Según dio a conocer el pastor Francisco Napabe, alrededor de 100 templos de la Iglesia evangélica han tenido que cerrar sus puertas debido al pago de derecho de piso impuesto por grupos delictivos en la región.

La situación se ha tornado tan grave que incluso ha cobrado vidas, como fue el caso reciente del asesinato de un miembro de la Iglesia Montes Sión. Este miembro se negó a pagar la cuota exigida por el narcotráfico y su resistencia le costó la vida, al ser encontrado sin vida a la orilla del río.

Ante esta ola de violencia, muchas comunidades religiosas enfrentan la difícil decisión de cerrar sus templos para proteger a sus fieles. De acuerdo con activistas y organizaciones, aproximadamente 20 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia generada por grupos armados que buscan controlar los territorios.

Guerra civil y homicidios en Chiapas

Este aumento en la inseguridad ha afectado principalmente a las comunidades indígenas de la región, quienes han advertido un clima de “guerra civil” que se vive en el estado sureño mexicano. La presencia de grupos del crimen organizado ha provocado un incremento en los homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, especialmente en comunidades afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La violencia desatada por estos grupos ha puesto en peligro la libertad religiosa en la región, generando un clima de temor e incertidumbre entre los habitantes de Chiapas. Ante esta escalofriante realidad, es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad y la integridad de la población.

La comunidad internacional también debe prestar atención a esta situación alarmante que se vive en Chiapas, donde la violencia del crimen organizado amenaza la paz y la tranquilidad de sus habitantes. La lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos en Chiapas se torna cada vez más urgente en un escenario donde la ley del más fuerte parece imponerse.

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