El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha aprobado la solicitud de un presupuesto de 75 mil 142.8 millones de pesos, un incremento del 4.9% en términos reales, en comparación con lo autorizado por la Cámara de Diputados para el año en curso.
Esta solicitud se justifica en la necesidad de cubrir remuneraciones y prestaciones de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los empleados del Consejo, en línea con el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional.
El pasado 30 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto para el año 2025, el cual fue enviado al Ejecutivo Federal el 5 de noviembre para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es importante mencionar que el monto solicitado es un 12.8% menor, en términos reales, al presupuesto autorizado hace siete años.
Recortes significativos en su presupuesto
Durante los últimos años, el CJF ha enfrentado recortes significativos en su presupuesto, siendo el más notorio el de 2024, donde se redujeron 5,876 millones de pesos, equivalente al 7.9% de la solicitud.
A pesar de estas limitaciones presupuestarias, el Consejo ha logrado mantener un alto nivel de cumplimiento de sus funciones, ejerciendo en promedio el 99% de los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados.
Para el año 2025, se destinará la mayor parte del presupuesto solicitado al rubro de servicios personales, reconociendo la importancia del capital humano en la impartición de justicia. De las 50,081 plazas vigentes, casi el 87% corresponde a personal que se desempeña en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
El CJF también ha tomado en cuenta las suspensiones derivadas de los juicios de amparo en contra de la reforma constitucional, que exigen mantener las remuneraciones de los empleados de acuerdo con los montos actuales.
De esta manera, la solicitud del CJF de más de 75 mil millones de pesos busca asegurar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante la elección de jueces y en medio de un contexto de ajustes presupuestarios.