La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso una iniciativa de Reforma Electoral que, según expuso, busca transformar la estructura institucional del sistema comicial, reducir costos y fortalecer los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana.

Durante su exposición, la mandataria señaló que la propuesta se construyó tras un proceso de consulta pública y trabajo técnico encabezado por la comisión responsable del proyecto. En total, participaron 181 especialistas en materia electoral, quienes intervinieron en 63 audiencias públicas de las que surgieron 1,357 propuestas de modificación.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que el sistema electoral mexicano registra actualmente un presupuesto de 61,000 millones de pesos en 2024, cifra que calificó como una de las más elevadas a nivel internacional. Bajo ese diagnóstico, la iniciativa plantea reducir el subsidio estatal a partidos políticos a una cuarta parte de su monto actual y establecer reglas operativas generales que racionalicen el gasto.

Transformación institucional

Uno de los cambios centrales es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para integrarlos en un nuevo órgano nacional denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE).

El INEC estaría conformado por siete consejeros, electos mediante voto ciudadano para un periodo de seis años sin reelección, en una jornada que se celebraría el primer domingo de agosto. Además, se propone eliminar los tribunales electorales estatales y concentrar la función jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa también contempla modificar la administración de tiempos oficiales en radio y televisión, asignando al nuevo instituto su control y reservando 10% de los espacios para mensajes informativos sobre los procesos electorales.

Financiamiento, campañas y fiscalización

En materia de financiamiento, se mantiene el carácter público de los recursos destinados a campañas, pero se plantea que las actividades ordinarias permanentes de los partidos se sostengan únicamente con aportaciones de personas físicas mexicanas, dentro de los límites legales.

El proyecto propone acortar los periodos de campaña: 90 días para la elección presidencial, 75 días para senadurías y gubernaturas, 60 días para diputaciones federales y 45 días para cargos locales.

En el ámbito de la fiscalización, se busca fortalecer las atribuciones del órgano electoral para contar con información financiera oportuna y supervisar de manera más estricta el uso de recursos. También se incorpora la regulación del uso de bots y contenidos generados con Inteligencia Artificial, los cuales deberán identificarse con la etiqueta “IA”, con el fin de evitar manipulación digital en las contiendas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta se articula en cuatro ejes y 10 puntos prioritarios, entre los que destacan la revisión de la representación proporcional, la reducción del costo electoral y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.

De acuerdo con sus impulsores, la reforma no representa un ajuste menor, sino una reconfiguración integral del modelo electoral mexicano, cuyo debate ahora quedará en manos del Poder Legislativo.

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