La tensión entre el Gobierno de México y figuras vinculadas al narcotráfico escaló este lunes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente que presentará una denuncia por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Sheinbaum fue contundente: no permitirá que su nombre sea utilizado para manchar su integridad ni su gobierno. La mandataria detalló que la denuncia será presentada en tribunales de México, y no descartó otras vías legales ante los señalamientos que consideró «falsos, ofensivos y carentes de sustento».

La controversia surgió luego de que el abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, quien representa a Ovidio Guzmán extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, declaró ante medios internacionales que Claudia Sheinbaum «actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano».

Las declaraciones, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron retomadas por varios medios internacionales, desataron un debate sobre los límites del discurso legal, la libertad de expresión y el uso político de acusaciones sin pruebas.

Sheinbaum: “No me voy a quedar callada”

En respuesta, Sheinbaum fue tajante. “Estoy en la presidencia de México para servir al pueblo, con transparencia, con principios y con honestidad. No voy a permitir que nadie, sea quien sea, venga a difamar sin consecuencias”, dijo con firmeza ante la prensa.

La presidenta también expresó que los señalamientos de Lichtman no solo la afectan a ella, sino que representan un intento por desacreditar a las instituciones mexicanas y generar desconfianza en la lucha contra el crimen organizado.

Aunque no se revelaron todos los detalles, Sheinbaum indicó que su equipo legal ya prepara la denuncia por difamación y que será presentada ante las instancias judiciales correspondientes en territorio nacional.

La figura legal de la difamación en México establece sanciones para quien, a través de declaraciones públicas, cause daño a la reputación de otra persona sin fundamento, lo cual podría aplicarse incluso a extranjeros si sus declaraciones tienen impacto dentro del país.

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