A un año de que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de indicios en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026, en la que señala omisiones en el procesamiento de evidencias y en la preservación del lugar de los hechos por parte de autoridades estatales.

El organismo dirigió la recomendación a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a quienes solicitó realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública en un plazo de seis meses por violaciones a derechos humanos relacionadas con la investigación del caso.

Además, pidió a ambas instituciones elaborar o actualizar protocolos de actuación para garantizar la correcta preservación de escenas de intervención, el procesamiento técnico-científico de indicios, el manejo adecuado de la cadena de custodia y la elaboración de dictámenes periciales confiables.

Investigación por presuntas violaciones a derechos humanos

La CNDH informó que el 18 de marzo de 2025 decidió atraer la investigación por posibles violaciones a derechos humanos vinculadas con los hechos ocurridos en el rancho. Un día después, personal del organismo acudió al lugar para realizar diligencias de observación y reconocimiento, cuando el predio aún se encontraba asegurado por la Fiscalía estatal.

El caso se remonta al 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas y aseguraron el inmueble tras un operativo en el sitio. En ese momento se reportó la presencia de siete vehículos, armas de fuego, indicios balísticos y un elemento óseo, que quedaron bajo resguardo de autoridades locales.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, personal del IJCF realizó una exploración del inmueble para buscar posibles fosas relacionadas con personas desaparecidas. Durante esas labores se localizó un lote óseo y diversos objetos, pero la CNDH documentó que algunas evidencias no fueron aseguradas, clasificadas ni registradas en los dictámenes correspondientes.

Fallas en cadena de custodia y resguardo del sitio

De acuerdo con la recomendación, las autoridades no procesaron de manera integral la totalidad de los indicios localizados, particularmente en lo relacionado con su identificación, levantamiento, embalaje, etiquetado y traslado.

La CNDH señaló que estas omisiones resultan relevantes porque existía una instrucción formal de mando y conducción para que cualquier indicio encontrado fuera registrado y asegurado conforme a la cadena de custodia.

Tras revisar el expediente, el organismo indicó que no se encontraron registros que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni documentación que confirmara su incorporación al procedimiento pericial.

También se detectaron irregularidades en el manejo de los vehículos localizados en el lugar. Según el documento, no existen dictámenes periciales que acrediten un procesamiento técnico exhaustivo de los siete automotores, y tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024.

Para la CNDH, estos hechos evidencian que la Fiscalía estatal no cumplió con su obligación de resguardar adecuadamente el inmueble, pese a que estaba relacionado con una investigación penal en curso.

Retrasos y alteración del lugar

El organismo también documentó un retraso en los análisis genéticos realizados a muestras biológicas recolectadas en el rancho. Aunque estas fueron entregadas al IJCF en septiembre de 2024, su comparación con bases de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025, lo que fue considerado un retraso injustificado.

Además, el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de diversas personas al predio mientras aún se encontraba en proceso de intervención pericial. La CNDH indicó que el número de participantes provocó la pérdida de control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de posibles indicios.

En conjunto, el organismo concluyó que estas irregularidades vulneraron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

Evidencias documentadas

La recomendación señala que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantiene publicado en su página oficial un registro de mil 842 indicios, acompañados de fotografías y descripciones de los objetos recuperados en el lugar.

Sin embargo, la CNDH sostuvo que no se garantizó adecuadamente la cadena de custodia de varias de esas evidencias, lo que refleja deficiencias estructurales en el manejo de los hallazgos.

Además de la disculpa pública, el organismo pidió a ambas instituciones colaborar en procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados e implementar programas de capacitación en derechos humanos y manejo técnico de indicios.

Colectivo exige verdad y justicia

Tras difundirse la recomendación, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco compartió el documento en redes sociales y señaló que las conclusiones de la CNDH confirman las irregularidades que las familias denunciaron desde el inicio.

En un pronunciamiento público, el grupo afirmó que su objetivo no es confrontar a las autoridades, sino obtener verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

Los integrantes del colectivo señalaron que las omisiones en el resguardo del lugar, el procesamiento de indicios y la preservación de evidencias afectaron el derecho de las familias a conocer lo ocurrido.

También insistieron en que los hallazgos en el sitio no deben minimizarse, ya que durante las diligencias se recuperaron múltiples restos humanos calcinados y fragmentos óseos.

Para el colectivo, más allá de irregularidades administrativas, el Rancho Izaguirre representa un sitio donde ocurrieron asesinatos y destrucción de cuerpos, por lo que consideran fundamental que las investigaciones continúen hasta esclarecer plenamente los hechos.

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