La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), exigiendo que se brinde tratamiento psicológico y físico a una víctima de tortura sexual. Esta persona sufrió una fisura anal como resultado de la detención realizada por las autoridades en febrero de 2015.

Según un comunicado emitido por la comisión, la víctima presentó su queja en agosto de 2017, más de dos años después de haber sido detenida, torturada y abusada sexualmente por las autoridades de Morelos.

El incidente tuvo lugar durante un operativo en Temixco, cuando la víctima fue arrestada el 24 de febrero de 2015 en el municipio de Jiutepec por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) y de la fiscalía estatal. Luego fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

En febrero de 2016, la persona detenida fue transferida al Cefereso 14 en Durango por razones de seguridad. En agosto de ese mismo año, fue ingresada al Hospital de Gómez Palacios, donde se descubrieron lesiones provocadas un año antes y se le diagnosticó incontinencia anal debido a una ruptura de esfínteres.

A pesar de que se planificó una intervención quirúrgica para abordar estas lesiones, esta nunca se llevó a cabo, dejando a la víctima sin el tratamiento adecuado.

El caso fue intervenido por la CNDH el 20 de abril de 2022, determinando que existían «elementos constitutivos de tortura con carácter sexual de manera intencionada, con el fin de ocasionar a la víctima sufrimientos físicos y mentales severos».

La comisión concluyó que la víctima fue sometida a tortura sexual por parte de dos elementos que la detuvieron, con el objetivo de vincularla con actividades delictivas y asegurar su silencio sobre los hechos ocurridos durante el operativo.

«Las violaciones graves se atribuyen a dos elementos adscritos a la FGEM, a dos integrantes de la CESP y a otros dos elementos de la entonces PGR, que estaban comisionados a la fiscalía estatal», señaló la CNDH.

Como resultado, la comisión determinó que la víctima «deberá recibir la atención médica y psicológica necesaria debido a los actos de tortura a los que fue sometida». Asimismo, la fiscalía debe tomar las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos actos violatorios y contribuir a su prevención.