El inicio del 2026 ha traído una nueva ola de incertidumbre para las familias de personas desaparecidas en el norte del país. Diversos colectivos, encabezados por el grupo VIDA (Víctimas por sus Derechos en Acción) de Coahuila, han manifestado su rechazo ante la posible remoción de Ministerios Públicos (MP) con experiencia tras la llegada de Ernestina Godoy a la FGR.

El riesgo de la «gente de confianza»

Para las familias con casos de larga data (desapariciones ocurridas hace años), la continuidad de los funcionarios que conocen sus expedientes es vital. Silvia Ortiz, vocera de VIDA, denunció que la intención de sustituir al personal técnico por «gente de confianza» de la nueva administración representa un obstáculo insalvable.

Pérdida de memoria histórica: El tiempo que tardarían los nuevos perfiles en estudiar expedientes de miles de fojas detendría las investigaciones en curso.

Acción colectiva: Los colectivos ya han enviado escritos directos a la Fiscal General exigiendo que se priorice la capacidad técnica sobre la lealtad política.

Carencias estructurales: Un sistema rebasado

La preocupación no se limita a los cambios de personal. El colectivo destaca una crisis de recursos que paraliza la operatividad de la fiscalía:

Déficit de investigadores: Se reporta que tan solo dos elementos policiales tienen bajo su responsabilidad hasta 200 casos, una carga de trabajo que impide cualquier avance real.

Presupuesto insuficiente: La falta de viáticos y recursos básicos para el trabajo de campo sigue siendo una constante que afecta tanto a la FGR como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El panorama se complicó tras las reformas federales de 2025, las cuales, según los familiares, han priorizado la atención de desapariciones recientes en detrimento de los casos antiguos. Esta legislación ha generado una «inconformidad muy grande», pues las familias sienten que el Estado está apostando por el olvido de las víctimas que llevan años esperando justicia.

En este contexto de recortes presupuestales y cambios administrativos, los colectivos coahuilenses advierten que la justicia en México sigue siendo una promesa que se aleja con cada transición política.